Ciudades, vivienda y territorio

El rol subsidiario del Estado y la desregulación del mercado del suelo han generado en nuestros territorios una profunda desigualdad y una oferta de vivienda inaccesible, segregada, que ha fracasado en enfrentar el déficit habitacional que hoy llega a más de 600.000 hogares. Nuestro principal enfoque estará en una nueva política habitacional que permita diversificar las formas de acceso a la vivienda. Planteamos un proceso de transición desde el actual sistema único de financiamiento de vivienda en base a la asignación de subsidios hacia un modelo que ponga en el centro la gestión de viviendas y barrios diversificando las opciones de producción, financiamiento y tenencia, para garantizar el derecho humano a una vivienda adecuada. Esta política se basa en una gestión descentralizada, participativa y sustentable de proyectos urbano-habitacionales, que introduzca una perspectiva de cuidados, resguardando la función social de la propiedad y de nuestro territorio como soporte de la vida en sociedad.

En toda intervención urbana y habitacional, desarrollaremos equipamientos con una perspectiva de género, accesibilidad universal, inclusión y economía del cuidado, promoviendo proyectos de arquitectura e infraestructura pública que faciliten su uso por parte de mujeres, personas con discapacidad, disidencias, personas en adultez mayor

e infancias. Avanzando hacia una red de centros de abastecimiento y servicios públicos con espacios para el desarrollo de actividades que propendan al fortalecimiento y apoyo comunitario, incluyendo espacios de lactancia, bibliotecas comunitarias, espacios de cuidados infantiles, espacios para personas mayores, baños comunitarios, cocinas o comedores barriales y salas de primeros auxilios. Activando para estos fines también infraestructura comunitaria que ya se encuentra disponible, mediante la inyección de recursos para su adaptación.

  1. Plan de Emergencia habitacional. El Estado tendrá un rol activo en la adquisición de suelo urbano, facilitando que las familias se establezcan en sus territorios y barrios según sus necesidades, redes de apoyo, adecuación cultural, proyectos y ciclos de vida.
  2. En el primer año de gobierno nos proponemos robustecer el Banco de Suelo Público con permutas y transferencias directas de suelo fiscal que cuenten con norma urbana vigente. Además, comenzaremos a implementar una Política de Suelo, impulsando proyectos de ley para crear un sistema de adquisición preferente de suelo con fines urbano- habitacionales y para la creación de instrumentos de captura de plusvalía que respondan a un criterio de justicia y equidad urbana que permitan la sustentabilidad financiera en el tiempo.
  3. Impulsaremos el arriendo a precio justo, al modo de ciudades como Viena, Berlín y Barcelona, que entregue seguridad de tenencia desde un enfoque de derechos humanos, mejorando la capacidad de ahorro de los hogares y la flexibilidad para cambiar de vivienda de acuerdo con las distintas realidades laborales, familiares y de cuidados, incluyendo situaciones de violencia intrafamiliar. Para esto se destinarán recursos a los municipios para financiar al menos 5.000 viviendas anuales en esta modalidad, utilizando inicialmente los instrumentos vigentes y realizando las adquisiciones o transferencias de suelo respectivas, para dar la mejor localización posible a estas viviendas. De forma paralela se desarrollará un nuevo programa de arriendo protegido, iniciando también las modificaciones institucionales y presupuestarias necesarias para facilitar mecanismos de inversión directa por parte de los Serviu y municipios en la construcción de vivienda pública.
  4. Construiremos barrios que ayuden a disminuir el déficit habitacional apoyando iniciativas de autogestión, con énfasis en potenciar la participación de organizaciones de tipo cooperativista e incentivar mecanismos de propiedad colectiva y distintos tipos de tenencia, donde los proyectos podrán considerar unidades productivas y espacios de uso colectivo. Para potenciar esta línea, el primer año mejoraremos la coordinación intersectorial para destinar el apoyo técnico necesario a la conformación y/o consolidación de cooperativas a nivel nacional. En paralelo se consolidará un modelo expedito, que dispondrá de préstamos sin interés y asistencia técnica para la adquisición de terrenos, diseño, construcción y gestión de viviendas por parte de estas cooperativas.
  5. Promoveremos alianzas con municipios para desarrollar planes habitacionales enfocado en los barrios, orientados a planificar con pertinencia local el uso de los programas habitacionales, junto a las familias y organizaciones reforzando la construcción de proyectos de pequeña escala en barrios consolidados que favorecerán la cercanía a fuentes laborales y redes educativas, privilegiando la densificación de baja altura en sitios propios y permitiendo que las familias allegadas puedan regularizar su situación y mantenerse en sus barrios de origen, conservando sus redes de apoyo y cuidados. Durante el primer año, en coordinación con las familias y los municipios, identificaremos barrios prioritarios para iniciar estos planes, consolidando y capacitando equipos profesionales que permitan abordar estas escalas de construcción. En paralelo iniciaremos los ajustes normativos que aborden los problemas relacionados con la copropiedad y propicien otros mecanismos de tenencia, de forma de hacer más expeditas estas iniciativas.
  6. Priorizaremos una respuesta nacional, digna y ágil a los campamentos, anteponiendo la instalación de mesas técnicas para el diálogo con las comunidades, por sobre los desalojos, poniendo como principal atributo el derecho humano a una vivienda adecuada.
  7. Durante la gestión de soluciones definitivas aseguraremos el acceso a servicios básicos inmediatos como agua potable, alcantarillado, electricidad e internet. Elaboraremos planes maestros integrales de radicación en terrenos aptos que incorporen visión de ciudad, ordenamiento territorial, urbanización, vivienda digna y una cartera de inversión plurianual y multisectorial. Reforzaremos programas y líneas de asistencia técnica, descentralizando su ejecución a través de gobiernos regionales y municipios, promoviendo el empoderamiento de todos los actores involucrados, con énfasis en las pobladoras y pobladores, como así mismo en la sensibilización de los funcionarios, facilitando espacios de diálogo, de mutuo respeto y de colaboración positiva, fortaleciendo las capacidades autogestionarias de las comunidades.
  8. Implementaremos residencias humanitarias, para facilitar el acceso de vivienda a familias en situación de emergencia (VIF, catástrofes, emergencias climáticas, inmigración, etc.) o que vean sus derechos peligrosamente vulnerados.
  9. A través del Plan de Emergencia Habitacional, responsablemente, lograremos reducir en un 40% el déficit actual, generando 65 mil viviendas al año desde el sector público. Avanzando progresivamente en el aumento de las superficies de las viviendas de interés social, nuevas y construidas,, integrando criterios de pertinencia cultural, especialmente del mundo indígena; pertinencia territorial y social, de producción sustentable y eficiencia energética.
  10. Rol del Estado en el acceso y producción de la vivienda.
  11. Transformaremos las regiones en el sujeto central para la ejecución de las políticas de Vivienda y Territorio, otorgando las competencias y los recursos necesarios para diseñar e implementar soluciones urbano-habitacionales, de esta forma transitaremos hacia un modelo en que los SERVIU dependerán de los Gobiernos Regionales.
  12. Construiremos viviendas dignas hechas con materiales de bajo impacto ambiental, con innovación, estandarización e industrialización de sistemas constructivos, optimizando costos, plazos y residuos de construcción. Para esto se impulsará la creación de Empresas Públicas Regionales de Construcción Sustentable, trabajando con mipymes, proveedores locales, universidades e institutos que participen en los procesos de capacitación y certificación, para migrar a nuevos métodos industrializados de construcción, respetando siempre la autonomía y costumbres locales.
  13. Crearemos la Empresa Pública Autónoma Comercializadora de Materiales de Construcción (FERRABAST), que considerará la construcción en regiones de Ferreterías Populares que permitan reducir el costo de materiales, priorizando aquellos que permitan el acondicionamiento térmico de viviendas nuevas y existentes.
  14. Planificación territorial.
  15. Impulsaremos la planificación territorial participativa y descentralizada mediante Planes Maestros de Integración Territorial que potencien el desarrollo armónico de barrios, localidades y ciudades. Lo haremos transfiriendo a los GORE competencias de planificación en planes intercomunales y metropolitanos.. Estos planes facultarán a los gobiernos locales y regionales para gestionar proyectos urbanos de diversas escalas, incluyendo una cartera de inversión pública en proyectos estratégicos. Este instrumento de planificación y gestión territorial tanto en áreas rurales como urbanas, tendrá foco en proyectos de vivienda asequible, equipamiento, espacios públicos, patrimonio y desarrollo de infraestructura para el sistema nacional de cuidados, basado en el cumplimiento de estándares e indicadores de equidad territorial. Daremos poder a las comunidades mediante la figura de los Consejos Comunales y Territoriales, que participarán de la elaboración, diseño y evaluación de los planes maestros de integración territorial.
  16. En la última década se han instalado varias políticas territoriales (PNDU, PNDR, PNOT); todas priorizan la descentralización y la participación, sin estar organizadas como un todo coherente sobre la gestión del territorio, es necesario asegurar la participación efectiva desde las comunidades, y cuenten con una institucionalidad que permita la integración intersectorial efectiva. La Ley de Ordenamiento Territorial será el marco normativo que unifique actores y metodologías, y garantice el cumplimiento de estándares mínimos para el desarrollo territorial vinculado a objetivos de integración social, al sistema nacional de cuidados y a la protección del medioambiente. Esta ley, además, debería sugerir una zonificación a nivel regional con perspectiva de protección ambiental, económica y social. Cada Gobierno Regional será responsable de planificar y normar su territorio con las herramientas y los objetivos planteados en dicha ley.
  17. Obras públicas e infraestructuras.
  18. Impulsaremos obras públicas desde una nueva institucionalidad de planeamiento, con una mirada interministerial, descentralizada y participativa para el desarrollo, financiamiento y administración de las necesidades territoriales, dentro de un nuevo marco de acción que traslade a la ciudadanía y los territorios los beneficios económicos de la inversión en infraestructura.
  19. Promoveremos infraestructura crítica, energética e hídrica con una mirada en el aseguramiento de la vida humana como eje esencial. Para ello aseguraremos la urgente preservación, provisión y buen uso del agua, potenciando las obras públicas en acuerdo con los Gobiernos Regionales. Reforzaremos los programas de agua potable y servicios sanitarios rurales, elevaremos la calidad y eficiencia de las obras de regadío mediante embalses sustentables y canales. Aumentaremos el presupuesto de la Dirección de Obras Hidráulicas y promoveremos el desarrollo e implementación de tecnologías, sistemas y obras de reutilización de las aguas.
  20. Aseguraremos la calidad y seguridad en la conectividad mayor interregional con énfasis en el desarrollo territorial justo y la resiliencia, promoviendo la elaboración de planes de conectividad nacional, inter e intrarregional de alto estándar desde Arica hasta Quellón, así como la integración de proyectos y obras para la conectividad austral. Desarrollaremos obras para optimizar el sistema logístico nacional, potenciando el ferrocarril de carga, centros de integración intermodal, mejoramiento de accesos a los puertos y pasos internacionales. En el borde costero, aumentaremos la inversión en infraestructura y tecnología para la pesca artesanal, las pequeñas embarcaciones, caletas y el transporte náutico en localidades donde sus condiciones lo permitan.
  21. Avanzaremos también en una ruralidad con una conectividad física y digital justa y garantizada.
  22. Transporte y movilidad activa.
  23. Descentralizaremos la planificación y la gestión de la movilidad a nivel regional, transfiriendo íntegramente competencias y financiamiento a los Gobiernos Regionales. Crearemos al interior de éste la figura de la Autoridad Regional de Movilidad con estas atribuciones, la cual tendrá un consejo asesor y consultivo ciudadano.
  24. Desarrollaremos una política ferroviaria en las macrozonas centro y sur, dando continuidad a los proyectos que ya tienen algún nivel de avance e impulsando tres nuevos proyectos: Santiago-Valparaíso, Santiago-San Antonio y Santiago-Chillán-Concepción.
  25. Implementaremos de 3 a 4 pilotos del programa Transporte Público Doble Cero en ciudades pequeñas e intermedias, que considere tarifa $0 para todos sus usuarios, y con buses de cero emisión. A nivel nacional, implementaremos Sistemas Regionales de Transporte Público, integrando física, tarifaria y operacionalmente los diferentes sistemas existentes, mediante procesos licitatorios competitivos y propendiendo hacia vehículos de cero emisión. En tarifas, proponemos la gratuidad para adultos mayores en el transporte público.
  26. Favoreceremos la movilidad activa, construyendo 1.000 km de Circuitos Peatonales de alto estándar en ciudades intermedias como Arica, Machalí, Curicó, Talca y Coyhaique, ya que cuentan con condiciones geográficas adecuadas o planes maestros en etapas avanzadas, los que incluirán puentes multipropósitos para peatones y ciclistas. También construiremos 500 km anuales de redes de ciclovías, que privilegien la integración de equipamiento educativo, de salud y recreacional.
  27. Definiremos la política de Visión Cero, cuya meta será reducir en un 50% las muertes y lesiones graves por siniestros viales en zonas urbanas al 2030, y considerando la vida de las personas en el centro del diseño vial. Para ello, gestionaremos la velocidad mediante mecanismos de fiscalización automatizada, patrocinaremos activamente la promulgación de la Ley CATI y dispondremos los recursos necesarios para su implementación. Además, avanzaremos en diseños de infraestructura coherentes y acordes, promoviendo y destinando recursos a la materialización de 50 zonas de tránsito calmado. Todo ello potenciado en un marco fijado por una Ley y Política de Movilidad.

Generación residencial y calefacción distrital.

En la dimensión del compromiso con la descentralización, vamos a fomentar cooperativas y empresas energéticas regionales con foco en un desarrollo económico local y sustentable. Asimismo trabajaremos en el programa Mujer Futura para promover la participación y capacitación femenina en el sector. Trabajaremos con la ciudadanía y los gobiernos locales como agentes activos en esta transición energética. El objetivo es terminar el periodo de gobierno con 500 MW instalados de generación distribuida residencial, considerando sistemas unitarios y comunitarios.

De la misma forma, necesitamos un nuevo modelo de calefacción colectiva de largo plazo, por lo que se potenciará la calefacción distrital (calefacción que se distribuye a los inmuebles desde una fuente, en este caso renovable, mediante tuberías), sistema que permite ahorros, facilita la fiscalización, es eficiente y amigable con el medio ambiente.

Queremos terminar con la desigualdad energética caminando hacia un nuevo modelo energético sostenible, descarbonizado, solidario, con foco en los hogares. En este nuevo modelo, el acceso y la calidad de la energía son un derecho, tanto en las viviendas existentes como en las que se construirán. Un estándar térmico inadecuado afecta la salud y calidad de vida de las personas, por eso es fundamental cambiar la regulación de estándares y distribución. Asimismo, generaremos un programa de inversión pública, para mejorar el confort térmico de las viviendas y edificaciones públicas, con el fin de disminuir el costo de calefacción para los hogares. El objetivo es aislar térmicamente 400.000 viviendas en 100 comunas del país, para una reactivación económica verde y generación de empleos. También nos enfocaremos en la calidad del servicio, para que los hogares puedan confiar en que tendrán electricidad segura.