Consolidado de propuestas sobre Justicia y Seguridad

Programa Presidencial Gabriel Boric


La inefectividad de las políticas de seguridad ha transformado a muchos territorios en zonas de sacrificio de la inseguridad. Hay barrios y comunas que han sufrido de forma desproporcionada el aumento de homicidios, armas y violencia. Debemos recuperar la paz en nuestros barrios con toda la fuerza y presencia del Estado. No sólo con un foco de acciones frontales, que es necesario, sino además con la institucionalidad necesaria y acciones concretas que permitan recuperar el espacio perdido. Proponemos un nuevo sistema de control de armas, para sacar las armas de los barrios actuando con toda la fuerza sobre el mercado ilegal y la estricta regulación sobre las inscritas. Junto con ello la creación de un Ministerio de Seguridad, Protección Civil y Convivencia Ciudadana, el que permitirá concentrar la organización y gestión del sistema de seguridad, y consolidar la gobernanza de la seguridad pública descentralizando funciones y misiones que apoyen a gobiernos regionales y municipales para que tengan roles más sustantivos. Urge tolerancia cero a los delitos financieros bajo una ruta efectiva de seguimiento. La prevención del delito debe ser más efectiva, por esto proponemos la implementación del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil que reemplazará al SENAME acompañado de mayor oferta programática y nuevas formulas alternativas. Las tecnologías estarán al servicio de la prevención como la persecución, daremos una prioridad especial a la ciberseguridad. 


Ejes programáticos


1.     Gobernanza y prevención del delito

La seguridad debe ser abordada con urgencia y para eso se requiere la institucionalidad necesaria. La falta de una institucionalidad con mayor capacidad técnica y posibilidad de formular y sostener políticas de Estado de largo aliento en materia de seguridad pública constituye un déficit enorme en nuestra actual arquitectura institucional. Esta función es asignada hoy al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Con todo, existe consenso político y técnico en que, debido a las demás funciones que cumple tal repartición (especialmente las de jefatura política de gobierno), los temas de seguridad pública son postergados frente a las otras urgencias que debe abordar. Esto no ha permitido desarrollar la capacidad profesional y técnica necesaria desde el Estado para enfrentar de forma efectiva los problemas y desafíos que la seguridad presenta.

Las chilenos y chilenas estarán más dispuestas a cumplir las normas en la medida que perciban como legitimo el actuar de los operadores del sistema penal. En atención a eso, resulta necesario abordar la legitimidad de estas instituciones, considerando la baja aprobación ciudadana del quehacer de jueces, defensores, policías y el Ministerio Público. Por ello, buscaremos generar mediciones periódicas del trato brindado a víctimas, testigos e infractores y planes de capacitación a los funcionarios tendientes a formar en justicia procedimental (trato justo) a quienes toman contacto con el sistema penal en alguna de esas calidades.

Ante ello, se propone darle una institucionalidad especial al sector de la seguridad pública por medio de la creación de un Ministerio de Seguridad, Protección Civil y Convivencia Ciudadana, el que permitirá concentrar la organización y gestión del sistema de seguridad en una cartera técnica que pueda garantizar el control del orden público, recibir información de inteligencia y supervisar el camino de la seguridad desde la prevención hasta la reinserción.

La gobernanza de la seguridad pública requiere avanzar en la descentralización de funciones y misiones apoyando a gobiernos regionales y municipales a tener roles más sustantivos en la implementación de las políticas públicas de seguridad. Consolidando mecanismos que permitan una distribución del personal policial ajustada a las necesidades del país, y particularmente donde más se les necesita, y enfatizando en la presencia de la policía en aquellos lugares donde más se la requiere. Además, fortalecer las fiscalizaciones para terminar con el uso ilegal de fuegos artificiales y armas de fuego.

El sector seguridad está compuesto por diversas instituciones que deben colaborar y avanzar en una mirada común sobre la lucha contra la delincuencia. Para esto avanzaremos en la modernización de la Policía de Investigaciones (PDI) consolidando espacios sólidos de investigación criminal y fortaleciendo las áreas emergentes de lucha contra el crimen como el ciberdelito.

Las iniciativas de prevención del delito tienen que ser serias, basadas en evidencia, sostenibles en el tiempo y destinadas a limitar el desarrollo de carreras criminales. Para esto se analizarán las políticas desarrolladas y se buscará un verdadero proceso de descentralización del diseño e implementación, limitando la concursabilidad y fortaleciendo los programas de largo plazo.

Desarrollaremos, en conjunto con los gobiernos regionales y municipales, una Estrategia Nacional de Resolución Pacífica de Conflictos y de Convivencia


. Urge reducir los niveles de conflicto territorial actuando a tiempo antes que se transformen en problemas criminales

.


Impulsaremos una Ley de Seguridad Privada, para regular el mercado de la seguridad bajo un entendimiento de corresponsabilidad: como complemento eficiente y eficaz de la seguridad pública. Implementaremos un registro nacional de guardias de seguridad y funcionarios de seguridad privada para lograr una fiscalización efectiva y garantizar el resguardo de su seguridad, como además que cumplan sus labores con los estándares necesarios de seguridad.


2.     Reforma estructural de Carabineros de Chile

El proceso de reforma policial debe ser entendido como un conjunto de cambios cuyo propósito es mejorar la calidad de los servicios que la policía le brinda a la ciudadanía, abarcando tanto su profesionalización como el reforzamiento de la institucionalidad civil de la seguridad. Requiere de consensos políticos transversales para poder sostener en el tiempo las transformaciones que necesita nuestro sistema policial, para lograr el objetivo de contar con una policía cuyo foco sea la protección de las personas y el respeto irrestricto a los derechos humanos.

El proceso de reforma iniciado por el actual gobierno consideró la creación de la Unidad Coordinadora de la Reforma (en adelante UCR) durante el año 2020, respondiendo a una medida planteada por dos propuestas distintas de reforma policial. Sin embargo, su propósito nunca fue bien definido, careciendo de capacidad resolutiva real.

Frente a lo anterior, se proponen los siguientes ejes de transformación policial:

-Formación:

Transformar el sistema actual de formación para que las futuras generaciones de Carabineros sean especialistas en la prevención del delito de acuerdo con criterios científicos, ejecuten la gestión del orden público con pleno respeto de los DDHH y realicen sus funciones policiales teniendo como objetivo final la protección de las personas y sus derechos. En dicho contexto, el sistema de educación debe estar anclado en 4 principios: gestión del sistema educacional; procesos formativos; estrategias formativas; y, contenidos formativos.

-Carrera y dotación:

Transformar el sistema de carrera funcionaria para permitir que tanto los ascensos como las destinaciones estén anclados en la profesionalización y el mérito más que en la antigüedad, además de mejorar los criterios para definir la dotación y las destinaciones considerando la territorialidad. Los mejores policías deben estar donde más se les necesita.

-Equidad y paridad de género:

Incrementar sustantivamente el porcentaje de mujeres que ingresa a la institución.

-Control civil del sistema de seguridad:

Mejorar la legitimidad policial a través de un sistema moderno de control civil de las policías. En la mayor parte de los países que tienen mayor rendición de cuentas del desempeño de su sistema de seguridad, las policías están bajo la estricta subordinación al poder civil y el control ciudadano. Es por ello que las propuestas elaboradas por grupos de expertos han recomendado mejorar el control democrático de la fuerza pública para favorecer su legitimidad.

-Gestión del cambio institucional

Instalar capacidades tanto al interior de Carabineros como en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública para implementar la reforma y garantizar su continuidad en el largo plazo.

3.     Nuevo sistema de control de armas y municiones

Para cortar la ruta de las armas y municiones se debe establecer un nuevo sistema para su control. Para ello, se propone ampliar la prohibición, al menos en el porte de armamento, no así en su tenencia, a funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden retiradas; traspasar la supervigilancia y control de armas, explosivos, fuegos artificiales y otros establecidos en la Ley Nº 17.798, que actualmente es resorte de la DGMN, al nuevo Ministerio encargado de la seguridad pública. Adicionalmente, generar una campaña de desarme de la población civil; aumentar los requerimientos legales para la adquisición de armas por civiles y la rotulación de munición; exigir la reinscripción del arma en forma anual, mediante un examen de su tenedor que lo acredite como apto para el uso de armas de fuego. El incumplimiento de esta medida importará sanciones penales. Se debe tener un mayor resguardo de las armas, fortalecer el foco investigativo del Ministerio Público contra el crimen organizado y el mercado ilegal de las armas.

4.     Acción efectiva en barrios prioritarios

Los barrios prioritarios exhiben abandono y desatención del Estado. Son el reflejo de la inequidad y segregación territorial de nuestras ciudades. El temor constante en que viven sus habitante es un caldo de cultivo para el populismo penal. En vez de implementar estas medias efectistas pero ineficaces, proponemos retomar y profundizar el enfoque de la seguridad ciudadana. Se trata de revalorizar el rol protagónico de la dimensión local. Esto se traduce en priorizar la prevención con la participación de las comunidades afectadas, para favorecer una mayor eficacia colectiva a través del fortalecimiento de la cohesión social. Este es, según la evidencia disponible, un componente esencial para abordar las causas de los fenómenos delictivos, de la violencia y de la inseguridad.

Estos territorios, donde se concentra el narcotráfico y la violencia son verdaderas zonas de sacrificio y exclusión. Para abordar esta compleja problemática, además de la profundización del trabajo para desarticular el crimen organizado, diseñaremos estrategias de intervención urbana garantizando la activa participación de sus habitantes enfocadas en la recuperación del espacio público y en mejorar la oferta de servicios. Esto implica modificarlos estructuralmente mediante la apertura de calles y pasajes, rediseño de barrios, compra de terrenos para generar áreas verdes, mejoramiento de la iluminación, así como también de la conectividad y la movilidad. Asimismo, se requiere una intervención focalizada en NNA que presenten mayores factores de riesgo, propiciando el acceso a mayores oportunidades que garanticen el ejercicio pleno de los derechos de la infancia (tenemos que evitar que NNA deserten de las escuelas y sean cooptados por organizaciones criminales).

5.     Tolerancia cero a delitos financieros: construcción de una ruta de seguimiento

La delincuencia (34%), corrupción (21%) y narcotráfico (18%) son, en conjunto, la principal preocupación de chilenas y chilenos (Encuesta Pulso Ciudadano, 22/11/2021). Para abordarlas en conjunto y sistemáticamente, proponemos fortalecer un ente encargado de Inteligencia Financiera, especializado en la detección de flujos irregulares de dinero asociados a actividades ilícitas.

Esta entidad cumplirá con los más altos estándares de protección de datos personales y utilizará las más avanzadas tecnologías de inteligencia artificial, para detectar transacciones sospechosas en forma anónima e iniciar investigaciones judiciales si procede. Para estos fines, se creará una Base de Información Financiera y Penal que recabará y sistematizará datos provenientes de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, de la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, de los registros de Causas del Sistema Judicial, de los Sistemas de Información de Gendarmería de Chile y del Servicio de Impuestos Internos. Se modificará la Ley 19628, sobre protección de vida privada, para garantizar la entrega oportuna de esta información, con encriptación de información personal que permita el cruce de datos anonimizados, cuya identidad sólo podrá ser revelada por orden judicial.

5.    Prevención de la delincuencia juvenil

Se dará inicio a la implementación gradual del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil que reemplazará al SENAME, actualmente en último trámite constitucional ante el Congreso nacional. Sin embargo, se revisará el mecanismo de propuesto de pago a las entidades sin fines de lucro que actualmente atienden a jóvenes infractores en el medio libre, asegurando la calidad de las prestaciones y que estas sean efectivas en prevenir la comisión de nuevos delitos y reinsertar socialmente a los jóvenes que han pasado por el sistema penal. Asimismo, se procurará implementar programas en los recintos cerrados y semicerrados del nuevo servicio que aborden los factores de riesgo más prevalentes en esta población como los problemas de salud mental y el consumo de drogas.

Se ampliará la oferta programática en la comunidad destinada a prevenir el involucramiento temprano en el delito, especialmente apoyando a las familias cuyos hijos han iniciado una carrera delictual e implementando programas de apoyo a los colegios tendientes a prevenir la deserción o el rezago escolar.

Se fomentará el uso de fórmulas alternativas al proceso penal en el caso de jóvenes, ampliando los programas piloto de justicia restaurativa y de tribunales de tratamiento de drogas, evitando el paso por el sistema de justicia tradicional.

6.    Fortalecimiento de la Persecución penal 

Se presentará un proyecto de ley que regule la creación de una Fiscalía con facultades supraterritoriales para la persecución de delitos complejos, especialmente aquellos ejecutados por asociaciones ilícitas conformadas para la ejecución de delitos de narcotráfico, lavado de dinero y corrupción, entre otros delitos; que permita el desarrollo coordinado en distintos territorios de labor de fiscales y policías, y generando análisis criminal que permita el desbaratamiento temprano de estas redes, su investigación y persecución exitosa.

Un nuevo Código Penal

Es necesario contar con un Código Penal del siglo XXI, que permita castigar la criminalidad moderna, con proporcionalidad, asegurando una sanción efectiva de aquellas conductas que lesionan gravemente los bienes jurídicos más importantes y regulando en su imposición penas alternativas dentro del catálogo de sanciones a imponer para aquellas conductas de menor o mediana gravedad. Esta nueva regulación debe recoger las tipificaciones modernas en materia de delitos medioambientales, de corrupción, delitos informáticos, entre otras materias.

Uso responsable de las tecnologías en la persecución penal

El desarrollo científico y tecnológico ha rebasado las fronteras de lo que creíamos posible hasta hace algunos años. Sus contribuciones son enormes en los diversos ámbitos de la vida económica y social, pero también representa desafíos que un Estado respetuoso de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas debe tener presentes. En la actualidad, los sistemas de vigilancia masiva, reconocimiento biométrico, dispositivos neurotecnológicos, así como sistemas predictivos de comportamientos basados en inteligencia artificial y toma de decisiones automatizadas, han sido utilizados en muchos países como herramientas para perfilar a las personas y predecir su supuesto comportamiento futuro, aún cuando no hayan estado involucradas en actos presuntamente delictuales. Dichas tecnologías pueden afectar el derecho a la privacidad de las personas, ya que la información biométrica y neuronal constituyen atributos fundamentales de la personalidad, y mal utilizadas pueden perpetuar discriminaciones arbitrarias cuando se elaboran perfiles desfavorables de personas en función de su etnia, raza, origen nacional, sexo, condición social y otras características.

La aplicación de estas tecnologías no debe recaer sobre todos los ciudadanos y ciudadanas de manera indiscriminada, debiendo ser usadas de manera focalizada. Por ello, nos comprometemos a regular para garantizar que estos sistemas respeten los derechos de privacidad, intimidad, igualdad y no discriminación. Además, siguiendo con las recomendaciones internacionales sobre la materia, estableceremos que estas nuevas tecnologías sólo puedan utilizarse de manera legal y bajo los criterios de necesidad y proporcionalidad, de manera de garantizar el derecho al debido proceso y la presunción de inocencia. Por lo anterior, exigiremos que estas tecnologías cuenten con mecanismos de transparencia adecuados. En aquellos casos de tecnologías de alto riesgo, tales como los mecanismos de reconocimiento biométrico remoto en espacios públicos, seguiremos las recomendaciones de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que propone su moratoria hasta que no se implementen salvaguardas que aseguren que no afectan el derecho la privacidad, no tienen efectos discriminatorios y son respetuosos de los derechos humanos de las personas.

7.     Sistema penitenciario

Como en la mayoría de los países del mundo, la cárcel es un sistema que vulnera derechos humanos de la población penal y familiares, ineficiente e ineficaz: no disminuye el delito. 

Por ello, se propone impulsar la dictación de una Ley de Ejecución de Penas, para que la regulación de las penas privativas de libertad tenga rango legal y su cumplimiento pueda ser controlada de forma efectiva por los tribunales de justicia. Esto permitirá mejorar la protección jurídica de las personas privadas de libertad; mejorar las condiciones materiales de las cárceles. Combatir el hacinamiento y las malas condiciones de higiene y salubridad. Esto incluye, por cierto, el mejoramiento de las condiciones laborales de las y los funcionarios de Gendarmería; incorporar enfoque de género, promoviendo la aprobación de la Ley Sayén, para postergar el cumplimiento de penas privativas de libertad y la improcedencia de la prisión preventiva para mujeres embarazadas o que tengan hijos menores a los 3 años; aumento de la dotación de técnicos y profesionales de las áreas técnicas y de salud de las unidades penales; ampliar y mejorar las oportunidades de educación para adultos y capacitación, promoviendo la reinserción social efectiva y la disminución de la reincidencia; garantizar y materializar el derecho a sufragio de las personas privadas de libertad a quienes no se les ha suspendido, conforme a la Constitución. Esto podrá hacerse mediante la acción conjunta de Gendarmería y el Servicio Electoral, siguiendo lo mandatado por la Corte Suprema o a través de una ley que institucionalice el sistema de voto anticipado, como ocurre en otros países.

8.     Protección y acompañamiento a víctimas del delito

Hoy muchas víctimas de delitos se sienten solas e impotentes y sin duda requieren ser escuchadas y acompañadas. El Estado ya posee diferentes instancias donde se otorga apoyo y defensa letrada a las víctimas. Sin embargo, las prestaciones en esta materia en algunos casos se duplican, están escasamente coordinadas y son poco eficaces en el logro de sus objetivos. Queremos hacernos cargo de las brechas existentes, poniendo a disposición de las víctimas de delitos un sistema integrado que las apoye. Frente a lo anterior, proponemos:


-Ley General de Víctimas de Delito, que permita el respeto de los derechos de las víctimas de delito, garantizando su apoyo y acompañamiento, orientando la oferta del Estado y creando el Registro Único de Víctimas de delito (para identificación de necesidades) y un Fondo de Reparación Económica para Víctimas de Delitos Graves y violencia estatal (femicidios, homicidios, lesiones graves y gravísimas, delitos sexuales, entre otros).

-Ampliación de los Centros de Apoyo a Víctimas de Delito, a nivel comunal, en coordinación con los departamentos de seguridad pública de los municipios, con foco en violencia contra las mujeres, delitos contra NNA, homicidios y lesiones.

- Ampliar atención de Salas de familia en Comisarias para otorgar atención oportuna, de calidad y especializada las 24 horas en todas las comisarías a mujeres y niños, niñas y adolescentes víctimas de violencias intrafamiliar y delitos sexuales se buscará implementar 163 salas de familias para que las 223 Comisarías de Chile cuenten con atención oportuna, de calidad y especializada las 24 horas a mujeres y niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar y delitos sexuales.

-Fortalecimiento de las Unidades de Víctimas y Testigos de las fiscalías (URAVIT): El Ministerio Público tiene la obligación por Ley de proteger a las víctimas. No obstante, su cobertura -para el total de víctimas que denuncian anualmente- es de apenas un 8%. Existe un total de 159 profesionales URAVIT, repartidos en las 19 fiscalías regionales del país. Estos recursos necesitan ser fortalecidos, en la misma medida que se ha fortalecido la persecución penal.

-Extensión de la red de protección a víctimas de delitos VIF: se buscará otorgar atención oportuna, de calidad y especializada las 24 horas en todas las comisarías a mujeres y niños, niñas y adolescentes víctimas de violencias intrafamiliar y delitos sexuales, estableciendo la iniciativa “Salas de Familia”.