Pueblos originarios y tribal afrodescendiente

Un elemento trascendente de nuestro Plan de Gobierno es el reconocimiento de la plurinacionalidad en todo el territorio, lo que incluye la perspectiva intercultural que nos permite comprometernos con la autodeterminación, la integridad, la cultura y la lengua de todos los pueblos como un derecho, en un marco de respeto mutuo. Es importante reconocer la autodeterminación como un derecho, incluyendo en las economías locales su derecho a definir libremente sus propias prioridades y formas de desarrollo, de manera de respetar su cosmovisión en materia de desarrollo económico. Nos proponemos como Estado conducir acciones tendientes a reconocer y propiciar los derechos que emanan de la plurinacionalidad, como la creación y fortalecimiento de instituciones públicas, reconociendo además el derecho que tienen, dentro del marco constitucional, a elegir sus autoridades y resolver sobre sus asuntos propios, fomentando el buen vivir.

Asimismo, debemos impulsar el cumplimiento de los tratados y convenios internacionales firmados por el Estado de Chile. En estos son fundamentales el pleno ejercicio y goce de los derechos individuales y colectivos de las primeras naciones, el reconocimiento de las instituciones sociales, económicas, políticas y culturales de los pueblos y sus territorios, el derecho a la autonomía y participación política, el derecho a la tierra y los bienes naturales, los derechos lingüísticos y la promoción de los idiomas indígenas, así como el reconocimiento de las cosmovisiones, tradiciones y saberes ancestrales.

En específico, nos comprometemos a:

  • Generar un diálogo plurinacional con todos los pueblos originarios para acordar los términos de una restitución territorial que incluya la cuestión de las tierras antiguas y el acceso a los bienes naturales, de manera de permitirles el ejercicio de su derecho a la autonomía, evitando y reparando la fragmentación de los territorios. Los mecanismos para hacer efectiva esta restitución seguirán los lineamientos establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo en su caso la expropiación y la respectiva indemnización, tal como lo recomendó la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato (2001-2003).
  • Implementar de buena fe el Convenio 169 de la OIT en su conjunto, a la luz del estándar de la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, incluido el reconocimiento de los derechos lingüísticos, el patrimonio cultural e intelectual, los derechos sociales y los derechos de las niñas y mujeres indígenas.
  • Crear, en conjunto con los pueblos originarios, una nueva institucionalidad de participación y consulta indígena.
  • Adoptar, en consulta con los pueblos originarios, la legislación e institucionalidad que requiera la implementación de la nueva Constitución en materia indígena.
  • Incorporar las iniciativas autónomas de salud intercultural en el Sistema Nacional de Salud, superando el financiamiento actual basado en el DFL 36 de 1980.
  • Sustituir la Ley 18.314 Antiterrorista por una normativa que resguarde la vida democrática de las amenazas organizadas reales contra la vida e integridad de las personas, y ajustada a los estándares internacionales de derechos humanos, de manera de excluir su utilización como herramienta de persecución política.
  • Crear una Comisión de Verdad y Esclarecimiento Histórico Intercultural que califique a víctimas concretas indígenas y no indígenas desde el retorno a la democracia, y proponga medidas de reparación integral.
  • Derogar el DL 701 y sustituirlo por un nuevo marco regulatorio de fomento forestal con especies nativas, orientado a la restauración de los ecosistemas, a la recuperación de bienes y servicios ecosistémicos, y en particular al bienestar de las comunidades indígenas y rurales.
  • Adecuar la legislación sectorial minera en materia de aguas (Código de Aguas y de Minería) y la que regula las concesiones de energía geotérmica (Ley 19.657), para garantizar los derechos de agua de las comunidades indígenas aledañas a las faenas mineras y geotérmicas.
  • Adecuar, en consulta con los pueblos indígenas, programas de fomento de la producción e innovación desde la CORFO e INDAP, considerando asociatividad territorial, formas de producción e intercambio propiamente indígenas, e incluyendo formación de capacidades para la negociación de convenios de asociación con capital privado en igualdad de condiciones.
  • Crear corredores territoriales bioculturales, con participación de los pueblos indígenas, incorporando el manejo integrado de cuencas para la gestión de las aguas.
  • Ajustar el reglamento de la Ley que crea los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios para fortalecer su cumplimiento irrestricto y evaluar, en conjunto con los pueblos concernidos, las modificaciones necesarias para el ejercicio pleno de sus derechos.
  • Establecimiento de un sistema de cogestión con los pueblos originarios del sistema de áreas naturales protegidas, incluyendo las áreas marinas.