Política rural integrada al nuevo modelo de desarrollo

En línea de apostar por la descentralización y afrontar la crisis climática, la política rural debe contar con una mirada intersectorial y que apueste por la la transformación de los sistemas alimentarios, guiada por los principios de la soberanía alimentaria, hacia patrones más justos, saludables y sostenibles; centrado en los derechos de las personas que viven y trabajan en estos territorios; donde se garantice la conservación y resguardo de los ecosistemas y biodiversidad; que mejoren la calidad de vida, conectividad y accesibilidad; que promueva el resguardo cultural e identitario de estos territorios que han sido dejados en un segundo plano en la planificación territorial y económica del país.

Los espacios rurales han estado prácticamente ausentes de las prioridades de la mayoría de las candidaturas y del debate público. Sin embargo, a pesar de estar durante tanto tiempo invisibilizados, nuestro propósito es recuperarlos,

a través de propuestas con una mirada innovadora sobre agricultura, pesca y desarrollo rural.

Las propuestas expresadas emanan directamente de las demandas realizadas por las organizaciones y actores de bases con los que tantas veces nos reunimos.

1. Desarrollo rural sostenible y ordenamiento territorial.

  • Necesitamos un enfoque territorial integral para el desarrollo de las zonas rurales del país y las personas que habitan en ellas. Para esto, en el marco de la Ley de Ordenamiento Territorial, crearemos un Sistema de Planificación y Ordenamiento Territorial para las zonas rurales.
  • Promoveremos el desarrollo sostenible y la utilización racional de los recursos naturales, bienestar animal y trazabilidad de la actividad silvoagropecuaria y acuícola, con énfasis en la AFC, la Pesca Artesanal (PA) y la Acuicultura de pequeña escala (APE). Lo anterior, también se ve reflejado en el capítulo de Agua y Escasez Hídrica de este programa de Gobierno.
  • Para enfrentar desigualdades históricas en acceso a servicios que enfrentan quienes habitan en zonas rurales, fomentaremos la inversión en servicios rurales: agua potable, energía, caminos, conectividad digital, servicios financieros y coordinación efectiva de transporte público; y apoyaremos el desarrollo de las actividades económicas no agrícolas del sector rural, tales como los productos madereros no forestales, recolección artesanal, turismo rural, actividades culturales, artesanías y otros productos tradicionales. Lo anterior, se verá reflejado en la reformulación de la actual Política de Desarrollo Rural, para que responda a las necesidades de los territorios mediante la participación de estos y con respuestas intersectoriales frente a los problemas complejos que enfrentan actualmente las zonas rurales y sus habitantes. Esta será implementada con miras a establecer, a mediano plazo, un instrumento de política pública con mayor peso normativo.
  • Promoveremos la inserción laboral de la mujer rural y asistencia para la erradicación de casos de violencia intrafamiliar a través de un fortalecimiento institucional y coordinación entre instituciones dependientes del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de la Mujer e Igualdad de Género.

2. Innovación, asistencia técnica y transferencia tecnológica

  • Apoyaremos la investigación e innovación en el sector y fortaleceremos los programas de asistencia y transferencia tecnológica entre el Estado y sector privado y fortaleceremos el rol de los centros de investigación en nuestro país, como el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), puesto que las nuevas tecnologías son esenciales para mejorar la productividad, mejorar la sostenibilidad de los recursos naturales y el medio ambiente. Lo anterior, tendrá especial relevancia en materia de eficiencia y sustentabilidad en el uso de agua y obras de riego.
  • En esa misma línea, fortaleceremos los programas de transferencia tecnológica de INDAP e INDESPA, fomentando la autonomía de los productores y disminuir el asistencialismo, con pertenencia y arraigo territorial. Asimismo, es fundamental potenciar los circuitos turísticos rurales asociados a la AFC, promoviendo la cooperación y la adopción de innovaciones respetando las tradiciones culturales de los territorios. También contaremos con programas de asistencia técnica forestal, de apoyo a la asociatividad y mejora de la sustentabilidad de los sistemas productivos en la pequeña y mediana propiedad forestal.

3. Soberanía y Agricultura Familiar Campesina

En términos de institucionalidad, diseñaremos e implementaremos una Política y Acuerdo Nacional sobre Soberanía Alimentaria y Nutricional, que fortalezca y valore la identidad de las comunidades y economías locales (AFC, PA, APE y Pueblos Indígenas) para la transición hacia un sistema alimentario nacional saludable, sostenible y con un enfoque agroecológico, y que promueva un enfoque intersectorial para promover un entorno alimentario que facilite el acceso a dietas saludables, inocuas y asequibles. Reformularemos participativamente la institucionalidad de Agricultura y Pesca, para fortalecer el rol en torno a la soberanía alimentaria, el desarrollo rural y la conservación y el manejo sustentable de los recursos naturales. Fortaleceremos también el rol de las ferias libres y los mercados como actores clave en la distribución de alimentos, así como de programas que promuevan el comercio justo y los circuitos cortos alimentarios, así también fomentaremos la elaboración a pequeña escala de productos alimentarios, con el fin de promover la agregación de valor, promoviendo el uso de técnicas tradicionales como innovadoras.

El mundo rural está especialmente afectado por la crisis climática, por lo que se necesitan políticas enfocadas particularmente en las especificidades de los territorios. En este sentido, proponemos una ley de protección a las semillas ancestrales y patrimonio genético; desarrollar una Política para la Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos, estableciendo indicadores y potenciando la Comisión Nacional existente para el efecto; fortalecer los instrumentos para promover la eficiencia y sustentabilidad en el uso del agua y obras de riego, la transferencia de tecnología y asistencia técnica, destinándolos a la AFC.

4. Legislación silvoagropecuaria

  • Apoyaremos la derogación de la Ley de Pesca y promulgaremos una nueva Ley de Pesca y Acuicultura, orientada a lograr la sostenibilidad de las actividades de extracción y cultivo de especies, fortaleciendo las capacidades y herramientas para el monitoreo y vigilancia del estado de las pesquerías y el cuidado de los ecosistemas y que ponga fin a la historia de corrupción y cohecho que arrastra la legislación actual. Esta ley debe tener en cuanta la legislación indígena preexistente.
  • En materia de Evaluación de Impacto Ambiental, legislaremos para considerar las intervenciones que hacen los proyectos productivos silvoagropecuarios, diferenciando los requisitos de la gran industria y de los pequeños productores. Impulsaremos el proyecto de ley que declara la leña como combustible y una política orientada al uso responsable de leña calificada, incorporando a la cadena productiva.
  • Derogaremos el DL 701 para sustituirlo por un nuevo marco regulatorio de fomento forestal y generar normas de protección ambiental para plantaciones forestales, considerando regular el tamaño de cosecha y protección de la biodiversidad, con incentivos diferenciados para privilegiar la forestación y reforestación con especies nativas, y del mismo modo, elaborar instrumentos que protejan y valoren los servicios ambientales y productos forestales no madereros (PFNM) que entregan los ecosistemas naturales. También propondremos modificaciones a ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.
  • Por último, fomentaremos intersectorialmente, en colaboración con el sector privado, la investigación y puesta en marcha de prototipos productivos libres de jaula (aves y porcinos) o libres de sistemas de encierro (confinamiento de bovinos), en condiciones de bienestar animal, bioseguridad y enfoque agroecológico. Así también, acuerdos estratégicos de producción sustentable y libre de crueldad animal con pequeños, medianos y grandes productores y comercializadores del país.