Descentralización y Gobiernos Regionales

Será prioritario para este Gobierno fortalecer y dinamizar el actual proceso de traspaso de competencias a los Gobiernos Regionales, incorporando financiamiento, asistencia técnica, estrategias y criterios que consideren las capacidades sociales y ecológicas de cada territorio. Para ello:

  1. 1. Enviaremos un proyecto de ley para eliminar la figura del delegado presidencial debido a su redundancia con el rol de gobernador o gobernadora regional, la que genera ambigüedades administrativas e incluso obstrucciones al legítimo ejercicio de funciones de las y los gobernadores.
  2. Será prioridad para nuestro gobierno profundizar la transferencia de competencias a los Gobiernos Regionales de forma consensuada entre niveles, transparente, procurando la equidad territorial y que el proceso incorpore recursos permanentes y asistencia técnica para una efectiva implementación de las competencias. Este proceso será orientado por un órgano multinivel (Ejecutivo, Gobernadores/ as Regionales y representantes de municipalidades) de carácter político. Además, este órgano dará seguimiento al proceso de traspaso de competencias y servicios públicos acorde a las características y prioridades de cada región y/o territorio.
  3. Dentro del marco de la discusión de la Ley de Ordenamiento Territorial, implementaremos un Sistema de Planificación y Ordenamiento Territorial, que permita el vínculo y coordinación efectiva entre niveles regionales, intercomunales, comunales y barriales. En lo anterior, fortaleceremos a los Gobiernos Regionales como actor principal de la planificación de los programas de vivienda y del territorio, entregándoles las competencias para colaborar en la adquisición de suelos y gestión de la vivienda pública.
  4. Fortaleceremos a los Gobiernos Regionales en el ámbito de la regulación y planificación medioambiental, además de los recursos hídricos y la recolección y tratamiento de residuos. Además, legislaremos para que la Comisión Regional de Evaluación Ambiental sea presidida por los y las Gobernadores Regionales. Serán ellos, y no el Delegado Presidencial, quien tendrá las mayores potestades en la entrega de las Resoluciones de Calificación Ambiental.
  5. El cuestionado proyecto de ley sobre descentralización fiscal que se encuentra en el Senado está orientado a la redistribución de los recursos existentes y no considera nuevos recursos ni mecanismos para su generación. Cabe recordar que en los países OCDE con Estados unitarios el promedio del gasto fiscal de gobiernos subnacionales es de 27,4% del total. En Chile, el gasto municipal es de 14,3% y el de los Gobiernos Regionales de entre 2,5% y 3%, por lo que existe espacio de mejora. Por esta razón:
  6. Convocaremos un proceso de elaboración de un proyecto de Ley de Rentas Regionales para avanzar en autonomía financiera y equidad territorial.
  7. Este proyecto debiese incorporar: a) el fortalecimiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), y el rediseño de sus criterios de distribución incorporando un aporte basal para el desarrollo territorial y b) la generación de un Fondo de Equidad Territorial, adicional y complementario al FNDR, con foco en las zonas rezagadas, las zonas extremas, y la vulnerabilidad socio-ecológica (ej. zonas de sacrificio, entre otras).
  8. Impulsaremos la creación de instrumentos de participación en múltiples instancias, incluyendo la aprobación de las estrategias de desarrollo regional y el diseño e implementación de instrumentos de planificación y desarrollo local y regional. En línea con las propuestas de participación y de ciudades, fortaleceremos a las unidades vecinales como piedra inicial de la planificación urbana.
  9. Fortaleceremos la prensa local libre e independiente, dado que en el análisis comparativo internacional demuestra que es la herramienta más eficaz para la detección temprana y movilización ciudadana ante casos de corrupción en sistemas descentralizados.
  10. Los gobiernos regionales jugarán un rol esencial en el nuevo modelo de desarrollo, donde buscaremos robustos ecosistemas innovadores en cada una de las regiones. Para esto, se desarrollará progresivamente un sistema de parques científico-tecnológicos y clústeres industriales en las macrozonas norte, centro-sur y sur del país, fomentando dichos ecosistemas en sus territorios, vinculados con los esfuerzos regionales de formación técnico-profesional e investigación y alineados con las estrategias de desarrollo nacional y regionales.

Poder local y municipios

Nuestro desafío es llevar al desarrollo a todas las chilenas y chilenos, y las municipalidades son el primer espacio donde la ciudadanía se relaciona con el Estado. Así, es desde estos espacios descentralizados donde debemos entregar soluciones que permitan disminuir las amplias desigualdades sociales en el país. Por esta razón, nuestro programa se compromete en los siguientes cuatro ejes de trabajo:

  1. Construcción de municipios de cambio. Promoveremos y fortaleceremos la creación de empresas municipales (o entre municipios) para proveer productos, bienes y servicios que representan derechos sociales, como es el acceso a electricidad, agua, internet y otros cuya ausencia, elevados costos o externalidades negativas de la operación perjudican a la comunidad. Esta forma de devolver el carácter público a la prestación privada de un servicio requiere transferencia de conocimientos y habilidades a los municipios según sea su realidad en términos de gestión, y en el corto plazo implica un compromiso decidido con las empresas existentes, como la sanitaria SMAPA de Maipú, Estación Central y Cerrillos. En la misma línea, y tal como lo comprometemos en el capítulo de vivienda, habrá mayores subsidios fiscales a las “inmobiliarias populares” para la construcción de viviendas públicas de carácter masivo, de diversas tipologías y con una localización óptima para acceder a las oportunidades urbanas, las cuales serán puestas a disposición de la comunidad a través de arriendo a precio justo. Lo anterior también nos compromete a promover la regulación normativa del suelo para propiciar sectores que favorezcan la construcción de viviendas sociales y viviendas transitorias entregadas en arriendo a precio justo.
  2. Desde el nivel central proveeremos financiamiento para la construcción, operación y funcionamiento de farmacias populares y también la creación de universidades abiertas, institutos profesionales y centros de formación técnica en todas las regiones del país, utilizando las instalaciones de los establecimientos municipales o traspasados a los Servicios Locales de Educación de cada comuna.
  3. Permitiremos el uso de toda la comunidad de las escuelas municipales o administradas por los Servicios Locales de Educación, con el propósito de construir un proyecto educativo y cultural que surja de las mismas posibilidades de la comunidad.
  4. Fortalecimiento de la participación en la gestión municipal.
  5. Para un mayor involucramiento de las y los habitantes de la comuna con la gestión municipal, estableceremos espacios de monitoreo y rendición de cuentas de los instrumentos de gestión municipal por parte de la comunidad, el COSOC, el concejo municipal y otros grupos organizados, de manera de aportar al equilibrio de poder efectivo entre la comunidad, el concejo municipal y la alcaldía.
  6. Se mejorará la Ley 19.418 sobre Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias, para dotarlas de real incidencia en los asuntos públicos de sus territorios.
  7. Seguiremos la legislación que avanza en paridad de género en los concejos municipales y regionales; así también promoveremos legislación para agregar representantes de pueblos originarios como concejales supranumerarios según su proporción en la población comunal.
  8. Financiamiento y transparencia

Los puntos críticos del financiamiento municipal surgen primero de concebir los espacios descentralizados como indispensables en la derrota de la desigualdad, por lo que es posible decir que la composición presupuestaria de los municipios chilenos apalanca la desigualdad. Por esta razón enviaremos un proyecto de ley de reforma del financiamiento municipal que, dentro de las medidas, aumentará el aporte fiscal al Fondo Común Municipal en más de un 1000%, permitiendo así que todos los municipios puedan implementar políticas de acción directa como crear farmacias o inmobiliarias populares, lo que mejorarará la vida de los vecinos y vecinas. Así también, permitiría la capacidad de endeudarse hasta en un 10% de los ingresos totales por un periodo o más, con la aprobación del Concejo Municipal y el COSOC (Ley 20.500), con el fin exclusivo de financiar proyectos de inversión orientados al desarrollo comunal, con garantía estatal.

Además de este aporte extraordinario trabajaremos en una serie de reasignaciones presupuestarias, con el objetivo de lograr que ningún municipio del país reciba menos de $ 300.000 pesos per cápita.

Sin perjuicio de los cambios que la Convención Constitucional hará en la nueva constitución, proponemos que el actual artículo 121 sea modificado de manera tal que permita a los gobiernos locales gestionar de manera autónoma la dotación de recursos humanos requerida, teniendo como base el PLADECO actualizado y definiendo la organización, cargos, perfiles y remuneraciones de acuerdo a las condiciones de cada municipio, en un marco de respeto de los derechos de las y los funcionarios municipales, una vez en cada periodo y con aprobación del Concejo Municipal.

Promoveremos una reforma al funcionamiento de las Corporaciones Municipales, no sólo en términos de sus recursos públicos, si no también la transparencia de donaciones privadas.

Por último, promoveremos la gestión de Gobierno Abierto a nivel municipal, considerando, entre otras medidas, un mayor control ciudadano sobre los recursos municipales y el proceso presupuestario, y trabajaremos para fortalecer políticas de prevención de la corrupción a nivel local, evaluando cambios a las facultades de la Contraloría en materia de fiscalización.