Enfrentar las consecuencias de la emergencia sanitaria y recuperación económica

La pandemia de Covid-19, por lejos la peor crisis sanitaria que ha atravesado nuestro país, ha evidenciado y profundizado las inequidades existentes. Producto del mal manejo sanitario del Gobierno actual, debemos lamentar decenas de miles de fallecidos y enfrentar una enorme deuda sanitaria por el gran desplazamiento de atenciones de salud, lo que afecta especialmente a las personas mayores. Esto tiene al menos tres consecuencias que marcarán los primeros años de nuestro Gobierno:

  • Retraso en diagnósticos y manejo de enfermedades: a causa de la pandemia cerca de 2 millones de garantías GES no se generaron entre 2020 y 2021. Hay retraso en el diagnóstico de enfermedades como cáncer, y se estima que en 2020 hubo un caída de 35% del diagnóstico en comparación con años anteriores.
  • Las listas de espera más abultadas desde que tenemos registro: a junio de 2021 se registran más de 40.000 garantías GES en espera, mientras que la espera para atención de patologías No GES asciende a más de 1.600.000 personas, de las cuales 272.000 esperan por una cirugía. En este grupo se incrementaron radicalmente los tiempos de espera quirúrgicos, pasando de 348 a 583 días.
  • M Probable aumento de la mortalidad por causas evitables: debido al retraso en el diagnóstico y al desplazamiento de la atención se proyecta un aumento de la carga de enfermedad y de la mortalidad. Por ejemplo, se proyecta un aumento de 3.500 muertes en 5 tipos de cáncer en Chile, la mayoría antes de 2025.

Además, si bien se espera un crecimiento económico de dos dígitos para 2021, la recuperación económica aún no se alcanza. El alto desempleo de 8,5% total y la lenta recuperación de empleos femeninos así lo demuestran. Al comienzo del próximo periodo presidencial deberemos enfrentar dos grandes desafíos económicos heredados: la desaceleración económica (el Banco Central proyecta que la economía crecerá entre 1,5% y 2,5% el 2022) y la inflación. Para diciembre de 2021 se proyecta una inflación de 5,7% y podría incluso ser mayor en marzo del 2022.

En este contexto, proponemos las siguientes agendas de recuperación económica, social y sanitaria:

Estrategia para afrontar la pandemia y sus consecuencias sanitarias

Luego de la crisis sanitaria generada por la estrategia de mitigación del COVID-19 seguida por el Gobierno, hemos llegado a tener un control relativo sobre la pandemia en el país gracias al exitoso proceso de vacunación. A pesar de esto, enfrentamos el riesgo latente de nuevas olas de Covid-19 por eventuales brotes en grupos no vacunados y, con el tiempo, la posible caída de la inmunidad en grupos vacunados, a lo que se suma el probable surgimiento de nuevas variantes de SARS-CoV-2.

La experiencia internacional ha mostrado que no basta con vacunar, sino que es necesario mantener medidas no farmacológicas que permitan evitar el surgimiento de brotes y sus consecuencias. Los países que han aplicado medidas intensivas para cortar la cadena de contagios cuando presentaban un bajo número de casos activos han tenido tasas notoriamente menores de mortalidad y de uso del sistema sanitario, en comparación con países que siguieron estrategias de mitigación. Además, estuvieron menos tiempo con restricción de las libertades civiles y lograron un mayor crecimiento económico gracias al control sobre la epidemia. Escuchando a la ciencia, en nuestro gobierno implementaremos las siguientes medidas en línea con dicha estrategia:

  1. Crearemos una nueva institucionalidad para la gobernanza de la pandemia, que integre a especialistas e instituciones legitimadas de la sociedad civil, y que actúe de forma transparente y base sus decisiones en la mejor evidencia disponible, con sistemas de trazabilidad de las decisiones y rendición de cuentas. Tendrá tres niveles (político, técnico y ejecutivo), que actuarán de forma coordinada para ir ejecutando, analizando y mejorando la estrategia sanitaria para enfrentar a mediano y largo plazo la pandemia en el país.
  2. En línea con la experiencia internacional, frente a nuevos brotes buscaremos cortar la cadena de transmisión y el contagio comunitario con medidas sanitarias y económicas que nos permitan mantener zonas libres de covid (“zonas verdes”), en donde se mantenga la apertura de forma segura en base a criterios sanitarios.
  3. Fortaleceremos el seguimiento epidemiológico, profesionalizando e incorporando tecnología de punta a la estrategia de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento (TTA) en coordinación con la Atención Primaria de Salud (APS), tal como han hecho los países exitosos en controlar la epidemia.
  4. En base a la mejor evidencia disponible, definiremos un programa de vacunación con refuerzos periódicos que asegure la inmunidad poblacional para el control del Covid-19. Además, con vistas a la soberanía sanitaria iniciaremos la inversión para dotar al país de la capacidad para producir vacunas en el mediano plazo, potenciando iniciativas como las de la Universidad de Chile y la Universidad Austral de Chile.
  5. Mejoraremos la protección social para las personas afectadas por Covid-19 y sus contactos, dando cobertura total a los costos de la enfermedad por ISAPRE y FONASA, y cubriendo totalmente las licencias de las personas enfermas y sus contactos.

Por otra parte, necesitamos hacernos cargo de la recuperación de nuestro sistema de salud, que no ha sido administrado de forma eficiente en las últimas décadas y se ha visto sobrecargado en estos dos años de pandemia. Sabemos que la infraestructura pública y los equipos humanos tienen la capacidad para enfrentar la crisis, siempre que exista una inversión pública adecuada que aumente la capacidad y se aseguren condiciones dignas en el ejercicio profesional. Por todo ello proponemos:

  • Reactivación de la Atención Primaria de Salud: buscaremos equilibrar las actividades centradas en la pandemia con la necesidad de retomar las actividades normales. Agruparemos pacientes según complejidad y riesgo con herramientas digitales como teletriage, e implementando el modelo de Cuidado Integral Centrado en las Personas en contexto de multimorbilidad; así los Cesfam priorizarán la atención de los grupos con mayor necesidad. Actualizaremos y potenciaremos el Plan de Salud Familiar, que permitirá mantener los controles ambulatorios de los grupos de menor complejidad fuera del Cesfam. Para eso realizaremos un despliegue territorial de equipos de salud que busque mantener sanas y compensadas a las personas en sus comunidades, potenciando la promoción y prevención de salud, así como el autocuidado, con énfasis en personas mayores.
  • Gestión en red efectiva: mejoraremos la gestión de listas de espera con foco en conseguir tiempos dignos de atención, centrándonos en la experiencia de las y los pacientes y sus familias. Crearemos Equipos de Navegación en la Red (ENR) que acompañen y aceleren el tránsito de las personas entre una atención en un Cesfam, el nivel secundario y los hospitales.
  • Estableceremos criterios públicos de priorización clínica con legitimidad técnico-sanitaria, además de tiempos máximos de espera según el riesgo de las distintas patologías, con el fin de orientar la acción de los ENR. Invertiremos en una estrategia digital que apunte a la integración de los niveles asistenciales en cada red para la navegación expedita de usuarias y usuarios. Potenciaremos el funcionamiento de la atención secundaria ambulatoria de CRS y CDT, potenciando en este proceso, los Consejos de Integración de la Red Asistencial.
  • Mayor productividad de pabellones: la Comisión Nacional de Productividad (CNP) estimó que sólo se utiliza el 53% del tiempo disponible en pabellones en muchos hospitales. Siguiendo las principales recomendaciones de la CNP, para revertir esta subutilización de la capacidad instalada implementaremos un Plan Nacional de Productividad Quirúrgica que aumente al menos un 30% la productividad de los pabellones de la red asistencial pública. Además pondremos énfasis en la mejora de las condiciones de las y los técnicos en enfermería de nivel superior en el sector público.
  • Implementaremos un Plan integral basado en la APS para abordar las consecuencias en salud mental del COVID-19, en particular, abordando el proceso de duelo de las familias que perdieron a sus seres queridos.
  • Desarrollaremos un Plan de Cuidado de salud mental para los equipos de salud, quienes han tenido que responder a una altísima demanda de trabajo durante la pandemia.

Plan de reactivación económica

Proponemos el tránsito hacia una nueva matriz productiva, pero sabemos que en el corto plazo la primera prioridad del Gobierno debe ser generar empleos. Lo haremos con una mirada de futuro que se haga cargo de la crisis climática y ecológica, así como del retroceso histórico en la inserción laboral femenina, y que de la mano de las micro y pequeñas empresas avance en la desconcentración del mercado.

Nuestro plan de reactivación tiene tres pilares:

1. Rediseño de los subsidios laborales con un fuerte enfoque en el trabajo femenino, y de los programas de cuidados

que apoyen la inserción laboral de las mujeres. Tendremos en consideración tanto los cambios que ha experimentado el mundo del trabajo a propósito de la crisis sanitaria como los diversos instrumentos que ha utilizado el Estado para generar más empleo, para redirigirlos según las necesidades del mercado laboral actual y procurando la creación de empleos de calidad.

Entendemos que el proceso de reactivación debe sostenerse en el tiempo y para ello la formación para el trabajo es fundamental. Tenemos una propuesta de capacitación que anticipa las necesidades del mercado laboral luego de los procesos que se aceleraron producto de la pandemia y que permitan sostener el empleo. El programa Mujer Futura es parte de esta propuesta y tiene por objetivo disminuir las brechas digitales en mujeres.

Nuestra meta es generar 500.000 empleos femeninos a lo largo de nuestro gobierno, lo que nos permitirá recuperar los niveles de empleo previos a la pandemia y avanzar en la disminución de las brechas existentes.

Rediseñaremos el Seguro de Cesantía, para que responda de forma más enérgica a los periodos de desempleo largo que sufren las y los trabajdores, con un aumento de montos, porcentajes y períodos en el uso de seguro, con un traspaso expedito entre el uso de la Cuenta Individual de Cesantía de aporte del empleador y el uso del Fondo de Cesantía Solidario.

  • Inversión pública verde, esto es, con impactos en adaptación o mitigación de la crisis climática. Se priorizarán obras que puedan ser rápidamente implementadas a través de la institucionalidad vigente, con capacidades locales presentes en cooperativas o Mipymes y que tengan un impacto mayor en la generación de empleo de forma descentralizada. Entre otras:
  • Mayor inversión en reacondicionamiento térmico de viviendas sociales. Avanzaremos también en implementar este programa en escuelas, centros residenciales y cárceles.
  • Instalación de sistemas de energía renovable residencial.
  • Demarcación y construcción de ciclovías con estándares de seguridad adecuados.
  • Obras de infraestructura para acceso al agua potable: rehabilitación de pozos, tanques y sistemas de tratamiento de agua potable, construcción de sistemas de tratamiento de aguas servidas, entre otras.
  • Realizaremos inversión pública para crear la infraestructura hidrográfica, que permita disminuir el uso ineficiente del agua para la agricultura, permitiendo que se recuperen la cuencas hidrográficas, con un impacto medible en detener el proceso de desertificación y cambio climático, esta medida ocupará 0,9% del PIB durante dos periodos de gobierno, para llegar a cumplir los compromisos al 2030.
  • Inversión en adaptación de la infraestructura cultural que permita condiciones de ventilación y distancia óptimas para asegurar su funcionamiento, así como también en infraestructura que incentive actividades al aire libre, conciertos, ciclos de artes escénicas y festivales, entre otras.
  • Invertiremos en infraestructura de apoyo al turismo de manera descentralizada (senderos, servicios sanitarios, señalización, alumbrado, miradores, etc), promoveremos activamente destinos y emprendimientos locales, potenciaremos los proyectos de eficiencia energética y energías renovables para las Mypes del sector, entre otras.
  • Mejoramiento del borde costero mediante obras que protejan la costa de las localidades frente a marejadas, trombas y el aumento del nivel del mar, así como también de obras que aumenten la calidad de vida de las comunidades: mejoramiento de accesos y paseos peatonales, iluminación, etc.

2. Reactivación con las Mipymes

Para el corto plazo proponemos las siguientes medidas especiales de reactivación con foco en las mipymes, tan duramente afectadas por la crisis sanitaria:

  • En el plan de inversión pública verde priorizaremos obras que puedan ser ejecutadas o de las que puedan participar activamente micro, pequeñas y medianas empresas, así como cooperativas, las que tienen un mayor impacto en la generación de empleo desconcentrado y en los niveles regional y local.
  • Acceso a liquidez: constatamos durante la pandemia que los mecanismos de financiamiento como los créditos garantizados (FOGAPE) no son fáciles de obtener para quienes no están ya bancarizados. Por eso, teniendo en cuenta las condiciones de acceso al crédito, revisaremos los mecanismos existentes de financiamiento directo para las mipymes a fin de hacerlos más eficientes y de fácil acceso. También perfeccionaremos el sistema de créditos garantizados, regulando las condiciones mínimas de repactación y pago.
  • Medidas tributarias especiales para las mipymes. Entre otras, desarrollaremos un plan especial de condonación de intereses y multas devengadas durante la pandemia; nueva política de condonaciones de intereses y multas, y de convenios de pago con la Tesorería General de la República; Postergación del pago del IVA –sin reajustes, intereses ni multas– por 3 meses desde la fecha de vencimiento de la obligación de pago.
  • Simplificaremos los procesos de postulación y avanzaremos en una oferta coordinada de los beneficios para Mipymes que otorga el Estado, especialmente en materia de financiamiento, con postulaciones más rápidas y sencillas, apoyándonos en las experiencias de usuarias y usuarios del sistema.
  • Priorizaremos programas de capacitación en diversos niveles, especialmente en digitalización y nuevas tecnologías, que son vitales para que las mipymes puedan ampliar su mercado y robustecer sus capacidades. También proveeremos formación en estrategias de desarrollo de encadenamientos productivos locales y regionales, entre otras medidas.

Plan de reactivación del aprendizaje y bienestar de las comunidades educativas

La pandemia del Covid-19 ha tenido un impacto enorme en la educación y la vida de los y las estudiantes, así como sus docentes y comunidades escolares. La suspensión prolongada de las clases presenciales llevó la escuela a la casa y desnudó las enormes desigualdades de condiciones de las familias chilenas. Aunque los equipos docentes han hecho enormes esfuerzos por dar continuidad al proceso de enseñanza/aprendizaje, los problemas de conectividad y recursos, las dificultades de gestión y la poca capacidad de liderazgo de las autoridades han agravado la crisis.

La reapertura de jardines, escuelas y liceos ha resultado problemática, y el retorno a actividades presenciales ha sido lento y socialmente desigual.

Esta situación ha tenido efectos duraderos en el bienestar de los y las estudiantes, en sus procesos de aprendizaje y -para algunos- en sus trayectorias educacionales; igualmente, los y las trabajadoras de la educación se han visto afectadas en su calidad de vida y salud laboral. Nuestra propuesta para afrontar esta situación es la siguiente:

  1. Implementaremos un Programa de Activación Educativa Integral que aborde los aprendizajes fundamentales en el orden académico, social e intrapersonal. Ello incluirá mecanismos de monitoreo del aprendizaje y apoyos diferenciados para cada ciclo educativo. Cada comunidad escolar contará con instrumentos de evaluación diagnóstica, orientaciones y recursos pedagógicos para directivos y docentes, material de apoyo para las familias y orientaciones para elaborar su propio Plan, con compromisos explícitos que garanticen un apoyo especial a los estudiantes que más lo requieran; este Plan deberá ser aprobado por cada Consejo Escolar. Reforzaremos el compromiso nacional con este proceso, expandiendo los programas de tutorías que realizan estudiantes de pedagogía, involucrando monitores y educadores de la comunidad, y facilitando el uso de centros culturales, bibliotecas, clubes deportivos, y otros espacios formativos complementarios; para estimularlo, crearemos un “Fondo de Iniciativas Comunitarias de Aprendizaje Integral”, que permita financiar proyectos de actividades conjuntas escuela-comunidad.
  2. Impulsaremos un Programa de Bienestar Socioemocional para comunidades educativas, con acciones colectivas para recuperar el sentido de pertenencia, seguridad y vínculo comunitario; este plan considerará además la ampliación y mejoramiento de programas existentes como Habilidades para la vida de JUNAEB y Aulas de Bienestar del MINEDUC. Complementariamente crearemos un programa de salud mental escolar, que combinará estrategias de salud mental individual y comunitaria de detección, atención, derivación y monitoreo, reforzando la cobertura de profesionales especializados que trabajan con la escuela y las familias. Nuestra meta es duplicar la cobertura de atención de salud mental en la población infanto-juvenil.
  3. Garantizaremos las condiciones sanitarias, laborales y de infraestructura para un retorno universal a actividades presenciales. También modificaremos transitoriamente toda normativa que dificulte el trabajo educativo en la situación de crisis; facilitaremos la adaptación del currículum y los tiempos de la jornada escolar completa; daremos estabilidad y flexibilidad financiera a los establecimientos educacionales, suspendiendo el pago por asistencia y flexibilizando el uso de algunas subvenciones, además de crear un fondo especial de emergencia para mejorar las condiciones sanitarias para permitir el funcionamiento seguro de todas las escuelas; suspenderemos la aplicación del SIMCE y las consecuencias asociadas a las pruebas estandarizadas, incluyendo el ordenamiento que realiza el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, y extenderemos la voluntariedad de la evaluación docente, todo esto con el fin de descomprimir la presión sobre las comunidades escolares; y extenderemos el Seguro Obligatorio COVID-19 a estudiantes en práctica profesional y a trabajadores/as que no se rijan por el Código del Trabajo, entre otras medidas. Trabajaremos junto al sector productivo para recuperar los espacios de formación en alternancia y prácticas profesionales para los estudiantes y egresados de educación técnico-profesional, resguardando que cumplan con las condiciones sanitarias. También ampliaremos el programa de alimentación escolar, cubriendo el 100% de los estudiantes de la educación pública, reforzaremos los programas de salud escolar de JUNAEB, y mejoraremos la calidad y cantidad de útiles escolares que se entregan anualmente a cada estudiante.
  4. Aplicaremos una estrategia nacional para identificar, re vincular y promover la continuidad educativa a estudiantes que hayan interrumpido durante la pandemia su trayectoria escolar o estén en situación de potencial desvinculación educativa. Para ello se implementarán sistemas de identificación, alerta temprana y monitoreo, con participación activa de las comunidades escolares y las redes comunitarias. Se promoverán mecanismos de re vinculación, de niños, niñas y jóvenes a las escuelas y liceos a través de agentes educativos y comunitarios y se realizarán programas de recuperación y aceleración de aprendizajes, con el apoyo de tutores y dotación de docentes con foco en la inclusión educativa en las escuelas. Impulsaremos la implementación de la modalidad curricular de reingreso en todos los Servicios locales de Educación Pública (SLEP) en funcionamiento y se generarán programas de formación y apoyo a los equipos docentes y profesionales que se desempeñen en ellos. Además, rediseñaremos e integraremos los actuales incentivos asociados a la retención escolar (subvención pro-retención y becas de retención escolar Junaeb), y reforzaremos los programas y escuelas “de segunda oportunidad”, para adecuarlos al contexto post-pandemia.
  5. En línea con nuestro plan de Transformación Digital, ampliaremos la cobertura de Internet, el equipamiento y capacitación informática para todos los niveles educativos y daremos continuidad a iniciativas de aprendizaje no presencial a través de televisión (incluyendo el uso educativo de las nuevas señales de la televisión pública y la ampliación de contenidos de la señal TV Educa), radio e internet. Adicionalmente, mediante una ampliación del programa “Me conecto para aprender”, garantizaremos equipamiento informático en sus hogares (y conectividad siempre que exista viabilidad técnica) a todos los estudiantes de la educación pública de cohortes que irán ampliándose paulatinamente (comenzando por 4º, 7º básico y 2º medio). También ampliaremos gradualmente el acceso a computadores personales y conectividad a las y los docentes que trabajan en la educación pública.