Repararemos el daño hecho por el gobierno a las mujeres trabajadoras

Rediseño de los subsidios laborales con un fuerte enfoque en el trabajo femenino, y de los programas de cuidados

que apoyen la inserción laboral de las mujeres. Tendremos en consideración tanto los cambios que ha experimentado el mundo del trabajo a propósito de la crisis sanitaria como los diversos instrumentos que ha utilizado el Estado para generar más empleo, para redirigirlos según las necesidades del mercado laboral actual y procurando la creación de empleos de calidad.

Entendemos que el proceso de reactivación debe sostenerse en el tiempo y para ello la formación para el trabajo es fundamental. Tenemos una propuesta de capacitación que anticipa las necesidades del mercado laboral luego de los procesos que se aceleraron producto de la pandemia y que permitan sostener el empleo. El programa Mujer Futura es parte de esta propuesta y tiene por objetivo disminuir las brechas digitales en mujeres.

Nuestra meta es generar 500.000 empleos femeninos a lo largo de nuestro gobierno, lo que nos permitirá recuperar los niveles de empleo previos a la pandemia y avanzar en la disminución de las brechas existentes.

“Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.

Derechos sexuales y reproductivos

  • Apoyaremos la demanda histórica por el aborto legal, libre, seguro y gratuito, superando la criminalización y poniendo la decisión de la persona gestante en el centro. Garantizaremos el acceso a la anticoncepción en la atención de salud primaria (APS); ingresaremos un proyecto de ley para un modelo de Educación Sexual Integral, inclusiva y no sexista que construya un futuro sin violencia; y promoveremos una ley para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo como una prestación de salud garantizada, dotando a los centros de salud de métodos recomendados de evacuación uterina (mifepristona, misoprostol y AMEU).
  • Complementaremos este apoyo con una reforma al reglamento de implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del embarazo en tres causales y al protocolo de objeción de conciencia, limitando diversos aspectos, entre ellos, eliminando la objeción de conciencia institucional, para que no sea una obstrucción en el acceso de las usuarias en cuanto se apruebe la legalización del aborto. Lo anterior debe impulsar y reformar el currículum profesional y técnico del personal involucrado en el proceso.
  • También incluiremos métodos de contención menstrual, tales como toallas higiénicas y copitas menstruales, y dispensadores de anticonceptivos de barrera interna y externa en todos los Cesfam y establecimientos educacionales del país. También, crearemos un protocolo para mujeres privadas de libertad en términos de derechos sexuales.
  • Patrocinaremos y actualizaremos leyes tales como la Ley Adriana de violencia ginecoobstétrica, la Ley 20.209 de Discriminación de Género para que incluya el proceso perinatal y la Ley Dominga para potenciar el apoyo al duelo gestacional, el duelo en el puerperio y el acompañamiento en casos de interrupción voluntaria del embarazo.
  • Por último, presentaremos un proyecto de ley que regule las técnicas de reproducción asistida como parte de la planificación familiar, promoviendo su acceso a la diversidad de familias que existen en Chile.
  • A través de una estrategia intersectorial de ciudadanía sexual promoveremos la igualdad en el ejercicio de derechos, el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como fundamentales para un Estado democrático y el ejercicio de la ciudadanía. La estrategia tendrá como objetivos contribuir a modificar los patrones socioculturales que están en la base de la discriminación por motivos de género en el ámbito de la sexualidad; promover relaciones libres de discriminaciones y violencia; la participación de la ciudadanía en la construcción de políticas públicas en materias de sexualidad, diversidad y género; garantizar la atención en servicios del Estado libres de toda forma de discriminación sexual y de género, y por último crear directrices y normativas para la actuación con perspectiva de género de los órganos del Estado.
  • Esta estrategia será propuesta por el Consejo para la Ciudadanía Sexual, que convocará a organizaciones de la sociedad civil, académicas y científicas y estará operativamente a cargo de la Secretaría General de la Presidencia.

Fortaleceremos el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género

Un Gobierno Feminista

Incorporaremos una perspectiva feminista transversal en el Gobierno: no sólo en los espacios designados tradicionalmente a los temas de género, sino que en todas los aspectos, materias y espacios de la gobernanza del país. Nuestro gabinete será paritario y todos los directorios de las empresas públicas por nombrar también lo serán.

La creación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género fue un avance, pero el Gobierno de Sebastián Piñera ha reducido su alcance y capacidad política. Fortaleceremos la capacidad de este ministerio para promover la incorporación de una perspectiva de género, en cumplimiento de su rol rector de velar por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en materia de equidad de género, y su incorporación en forma transversal en la actuación del Estado.

Para incorporar enfoque de género en todo el aparato público se abrirá un departamento de transversalización y transferencia de capacidades. Aumentaremos los recursos humanos y presupuestarios para darle mayor categoría social y política, y mayor incidencia.

Modificaremos la ley de identidad de género

Reconocimiento de identidades

La falta de reconocimiento de las identidades diversas es una expresión de violencia hacia la comunidad

LGBTIQA+, y causa estigma y discriminación interpersonal e institucional. Nos comprometemos a impulsar el reconocimiento efectivo de la identidad de género de personas trans y de identidades que se sitúan por fuera del binarismo de género. Por esta razón:

  • Modificaremos la ley de identidad de género para permitir el cambio de nombre y sexo registral a menores de 14 años y establecer el procedimiento administrativo como norma general.
  • Reconoceremos en el documento de identificación identidades por fuera del binarismo de género (carnet no binario).
  • Se establecerán mecanismos de actualización de información entre instituciones públicas y organismos privados que manejen datos personales cuando existan cambios registrales de identidad.
  • Repondremos inmediatamente las variables de diversidad sexual y de género en la encuesta CASEN, e integraremos estas variables en el próximo CENSO.
  • Mesa de trabajo entre sector público, organizaciones sociales y colegios profesionales pertinentes, para revisión de normativa vigente y derogación o actualización de normativa discriminatoria, además de la creación de orientaciones técnicas en todos los programas de atención de la ciudadanía.

Impulsaremos una Ley Integral de Violencia de Género

Una vida libre de violencia y discriminación

La búsqueda de erradicar todas las formas de violencia debe contar con un enfoque de seguridad preventivo, comunitario, con perspectiva de género y de derechos humanos.

Rechazaremos el populismo penal, reformulando leyes que lo promueven , como el control de identidad preventivo.

Nuestra lucha contra toda violencia tiene en cuenta que hay grupos que experimentan más inseguridad, como mujeres, disidencias, niñas, niños y adolescentes, y le dará especial importancia a la prevención de la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer y la violencia de género. Para eso se buscará una mayor coordinación institucional, se simplificará el sistema de denuncia de delitos, se incentivará la denuncia y se robustecerá la oferta de centros de atención a víctimas de delitos, violencia y temor. Asimismo, frente a la violencia estatal sufrida por las niñas y niños en las comunidades mapuche, adoptaremos las medidas necesarias para desmilitarizarlas y reparar el daño sufrido.

  1. Derecho de las niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia.
  2. Presentaremos una Ley Integral contra la Violencia a la Niñez que ajuste nuestra legislación para la protección efectiva de la niñez contra toda forma de violencia, ya sea familiar, social, digital o estatal. Esta ley considerará mecanismos efectivos de prevención y coordinación entre instituciones para la detección temprana, la denuncia, la derivación y la reparación.
  3. Terminaremos con la lógica del SENAME, derogando la actual Ley de Subvenciones para pasar a un sistema de financiamiento estable de red de instituciones de calidad, reformulando la ley de adopción para fortalecer el cuidado alternativo, potenciando principalmente las familias de acogida, poniendo a niños y niñas en el centro y evitando la sobreintervención.
  4. Conformaremos una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación para todas aquellas víctimas de violaciones de sus derechos que hayan pasado por la custodia del Estado y entornos institucionales.
  5. La Ley Integral contra la Violencia a la Niñez los reconocerá como víctimas de violencia machista, en particular de violencia vicaria, que es la violencia que los maltratadores ejercen en las y los hijos para dañar a las madres.
  6. Junto a las políticas de la plurinacionalidad y la restitución territorial, implementaremos un programa integral de reparación dirigido a la niñez mapuche víctima de la violencia estatal asociada al conflicto territorial.
  7. Violencia contra las mujeres y las disidencias sexuales.
  8. Reconocemos la violencia contra las mujeres como un problema estructural que debe ser abordado interseccional, intersectorial e integralmente.
  9. Impulsaremos una Ley Integral de Violencia de Género que aborde la violencia más allá del actual concepto “intrafamiliar”, que cumpla con los estándares de la Convención de Belém do Pará y armonice las herramientas jurídicas para la erradicación, investigación, sanción y reparación de la violencia.
  10. Proponemos un plan de expansión progresiva en toda la red de servicios para las víctimas de violencia intrafamiliar, la cuál contará con dotación suficiente para la atención integral.
  11. En la misma línea, crearemos casas de acogida para personas LGBTIAQ+ que sufran situaciones de violencia.
  12. Fortaleceremos el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, para que sea más activo en educar contra toda discriminación y combatir la violencia de género y capacitaremos a todos los funcionarios del estado para erradicar todo tipo de violencia y discriminación de género.
  13. Generaremos una comisión especial contra la violencia político-sexual, con los estándares del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
  14. Ratificaremos el Convenio 190 de la OIT para la erradicación de todas las formas de violencia y acoso en el trabajo.
  15. Impulsaremos una ley para la formación obligatoria de todos los funcionarios del Estado en perspectiva de género de la función pública, lo que contribuirá a erradicar la violencia institucional de género.

Sistema Nacional de Cuidados

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT, 2015), las mujeres dedican al día más del doble del tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado (5,89 vs. 2,74 horas). Esto se ha agravado durante la pandemia, impactando negativamente la calidad de vida de las mujeres, incluyendo sus posibilidades de educarse, acceder al mercado de trabajo y ahorrar para sus pensiones de vejez. Ante la ausencia de infraestructura y servicios de cuidado, las mujeres asumen la responsabilidad de solventar con su trabajo gratuito el cuidado de niños, niñas y personas con algún nivel de dependencia por enfermedad, discapacidad o avanzada edad, deteriorando su propia salud y empobreciendo a todo el grupo familiar y sus perspectivas de desarrollo.

Con miras a superar esta injusta división sexual del trabajo y la precariedad en la que se ejecutan las labores de cuidado, nuestro Gobierno establecerá un Sistema Nacional de Cuidados (SNC) que coordine con perspectiva feminista, intersectorial y comunitaria diferentes espacios institucionales bajo los principios del cuidado como un derecho social y humano, de acceso universal.

Proponemos transitar desde el sistema de cuidados actual, que descansa exclusivamente en la familia y especialmente sobre las mujeres, hacia uno de corresponsabilidad social de los cuidados, que involucre a los hogares, las comunidades y el Estado.

El Sistema Nacional de Cuidados se establecerá sobre los siguientes pilares, en los que se irá avanzando gradualmente: corresponsabilidad social de los cuidados, participación de la comunidad en su gobernanza, universalidad, pertinencia local, cuidado comunitario y gestión de datos (personas dependientes, personas cuidadoras, redes de cuidados, profesionales, etc.). Tendrá como focos la niñez y adolescencia, las personas con discapacidad, las personas mayores con y sin dependencia y las personas cuidadoras.

  1. Poblaciones objetivo del SNC. En cuanto a la niñez y adolescencia, gradualmente se irá avanzando hasta garantizar el cuidado de todo NNA hasta los 14 años a través de la ampliación del subsistema Chile Crece Contigo, corrigiendo actuales problemas de gobernanza y agregando un foco en la salud mental de NNA.
  2. Para el cuidado de personas con dependencia funcional fortaleceremos la hospitalización domiciliaria y el apoyo de asistentes personales. Por otra parte, proponemos ampliar los espacios comunitarios para la infancia con un cuidado integral de NNA en situación de discapacidad.
  3. Desarrollaremos una red pública nacional de Centros de Desarrollo Integral Infantoadolescente que dé acceso a evaluación a niños y niñas con sospecha de TEA y tratamiento integral a NNA con diagnóstico de TEA a cargo de un equipo multidisciplinario con el propósito de apoyar la participación e inclusión de NNA con TEA y sus familias.
  4. Para las personas mayores sin dependencia y con dependencia leve proponemos una política del envejecimiento digno, activo y saludable, un plan de alfabetización digital para favorecer la teleasistencia, un aumento en la cobertura de centros diurnos y la creación de centros de cuidados comunitarios con participación de organizaciones sociales.
  5. Para las personas mayores con dependencia más avanzada, se facilitará su permanencia en casa a través de un programa remunerado de Agentes Comunitarios del Cuidado, vinculado a la Atención Primaria de Salud y a los gobiernos locales. Se ofrecerá teleasistencia para toda persona mayor y derecho a un asistente personal según necesidades. Se espera prevenir la dependencia severa con detección temprana y derivación y atención oportuna a través del vínculo del agente comunitario con la Atención Primaria de Salud. Modernizaremos el sistema actual de Establecimientos de Larga Estadía (ELEAM), mejoraremos su sistema de fiscalización y aumentaremos su número. Avanzaremos hacia un modelo de vivienda tutelada que promueva el enfoque comunitario de cuidados y la promoción de la autonomía de las personas mayores. Se fortalecerá el Plan Nacional de Alzheimer y otras demencias, aumentando el número de centros comunitarios de apoyo para personas con demencia.
  6. Cuidar a quien cuida. Urge resolver la falta de tiempo para la propia vida (descanso, trabajo, recreación, salud, un respiro) que las personas cuidadoras vienen demandando hace años. Para ello proponemos la creación de la figura remunerada del Agente Comunitario del Cuidado, que apoyará a la persona que cumpla el rol principal de cuidado para permitirle que dedique tiempo al desarrollo y cuidado de su propia vida. También esperamos garantizar el derecho a un asistente personal, profesional de atención domiciliaria que podrá reemplazar a quien cuida en ciertos horarios, estableciendo el “respiro” como un derecho básico para todo cuidador o cuidadora. Reconoceremos el trabajo de las personas menores de 60 años que dedican su jornada a cuidar de alguna persona dependiente severa, por un valor igual al salario mínimo, el que será imponible y transformará a estas personas cuidadoras en contribuyentes del sistema de seguridad social. Por otro lado, estableceremos la credencial para la persona cuidadora, que le permita acceder a algunos beneficios como un plan de recuperación de la salud física, mental y dental para la cuidadora y capacitación para la reinserción laboral, entre otros, e impulsaremos la integración de personas cuidadoras a una red comunitaria de cuidados y a espacios de participación y decisión política.
  7. Otras políticas de cuidado. Para ir normalizando el SNC es fundamental avanzar no solo en la corresponsabilidad social sino también entre padres y madres. Para ello es necesario aprobar e implementar las leyes de educación no sexista, educación sexual integral y una ley que aborde de manera integral la violencia contra las mujeres y reforzar su impacto a través de campañas comunicacionales y educacionales. Tras eso, se impulsará el establecimiento gradual y progresivo de un posnatal obligatorio e intransferible para los padres, siempre y cuando, no exista indicio de violencia de género ejercida por estos. Al mismo tiempo, y para todos los efectos, se reconocerá este mismo derecho respecto de familias diversas.
  8. Se promoverá la creación de permisos de libre disposición para trámites de cuidados y en general una política laboral donde la conciliación de vida y trabajo sea parte de lo básico.
  9. Se establecerá un fondo estatal para el pago de pensiones alimenticias adeudadas, y que sea el Estado el que persiga al deudor.
  10. La ciudad tendrá que estar a la altura de este nuevo paradigma en los cuidados, y todo el transporte público deberá ser adecuado y accesible para las personas con dependencia. Los espacios públicos deberán ser aptos y seguros para el cuidado, es decir para que NNA, personas mayores y personas con discapacidad, además de sus cuidadores y familias, puedan habitar la ciudad de manera digna. También se fortalecerá y desarrollará el piloto Ciudades Amigables con mayor participación e interconexión a lo largo del país.
  11. Para otorgar acompañamiento y cuidados a personas en situación de calle, fortaleceremos la implementación del programa piloto Vivienda Primero de MIDESO-MINVU entendiendo que es la vivienda el requisito esencial para la reinserción socioeducativa y laboral de estas personas. De igual manera proponemos una revisión del diseño y de las bases técnicas del programa Calle y de su articulación con salud, con el objetivo de mejorar el abordaje de esta compleja problemática con foco en la salud mental e inclusión social de los y las participantes.
  12. Impulsaremos el desarrollo de los cuidados como un factor central en un nuevo modelo de desarrollo, fomentando la capacitación y el empleo formal, mejorando condiciones laborales para las y los trabajadores del cuidado, e impulsando economías locales bajo una perspectiva feminista y de justicia económica.

Protección integral de derechos de la niñez y adolescencia

En línea con las políticas del Sistema Nacional de Cuidados, además del compromiso de fortalecimiento del programa Chile Crece Contigo, implementaremos el Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, apoyando activamente su instalación a lo largo del país. Daremos relevancia al Plan de Acción de Niñez y Adolescencia con prioridad política y sin regresividad presupuestaria, y con un plan de corto plazo para la ejecución de medidas que enfrenten las diversas afectaciones producto de la pandemia.

Pondremos fin al modelo Sename, derogando la ley de subvenciones, reformando la ley de adopción y fortaleciendo el cuidado alternativo, principalmente potenciando el cuidado de familias de acogida, mejorando sustantivamente la calidad de los centros residenciales y haciendo más coherentes y pertinentes territorialmente los programas ambulatorios.

Por último, consolidaremos la implementación de la Defensoría de la Niñez junto a un potenciamiento de sus facultades.

Igualdad en la Diversidad: Plan Nacional de Derechos Sociales LGBTIAQ+

La población LGBTIAQ+ enfrenta desigualdades en los ámbitos de la salud, la educación, el trabajo o los cuidados. Consideramos que la dignidad se construye garantizando la provisión pública de derechos, por ello impulsaremos un plan que garantice la protección y promoción de los derechos sociales de las diversidades y disidencias sexogenéricas. Será la primera etapa de una política de largo alcance y constituye un abordaje de puntos prioritarios que deberán ampliarse posteriormente. Proponemos acciones en distintos ámbitos:

  1. Fomentaremos acciones afirmativas que garanticen el derecho al empleo, trayectorias laborales de calidad y frenar el acoso laboral de personas LGBTIAQ+ a través de programas de formación y capacitación laboral. Desde el Estado desarrollaremos protocolos y circulares que garanticen las políticas de no discriminación e impulsaremos el Cupo Laboral Trans, garantizando su empleabilidad en al menos un 1% en sector público. Impulsaremos una ley integral trans que garantice el fin de las exclusiones, discriminaciones e injusticias históricas de las que han sido víctimas las personas trans. Por último, promoveremos la participación de la población LGBTIAQ+ en las instancias de representación sindical, incluyendo negociaciones colectivas, independientemente del régimen laboral.
  2. Resguardaremos una educación no sexista e inclusiva.
  3. Fomentaremos programas de escuelas libres de discriminación para la diversidad sexual. Se contará con datos oficiales de violencia hacia personas LGBTIAQ+ en comunidades escolares y se acompañará a aquellas con peores indicadores. Se promoverá una ley de educación no sexista, innovación curricular y formación en diversidad sexual a profesionales de la educación. También se incorporará un enfoque de garantía de derechos de la diversidad sexual en la formación inicial y continua de docentes y de quienes asuman funciones directivas en los centros educativos.
  4. Reformularemos la circular sobre niñez trans en espacios educativos, exigiendo protocolos de no discriminación y de integración.
  5. Educación no sexista. Promoveremos una transición hacia establecimientos escolares integrados en términos de las identidades de género de sus estudiantes.
  6. Impulsaremos políticas que garanticen discriminación cero en el acceso a la salud.
  7. Incorporaremos una canasta de prestaciones trans-no binaries como garantía explícita en salud, desde la perspectiva del cuidado, que contemple atención de especialistas, cirugías, fármacos y atención psicológica.
  8. Se desarrollarán campañas de visibilización de atención inclusiva en centros de salud y se impulsarán acciones formativas del personal. Se enfatizará el cumplimiento de las circulares 18, 21 y 34.
  9. Prohibiremos las cirugías de normalización a recién nacides, estableciendo responsabilidades civiles y administrativas asociadas. Se garantizará el cumplimiento de la circular 18 en caso de niñes intersexuales.
  10. Se incorporará un enfoque transversal de género e inclusión de personas LGBTIAQ+ en el currículum de las carreras de la salud.
  11. Se promoverá la investigación con un enfoque biopsicosocial en la atención en salud para la comunidad LGBTIAQ+, en especial personas trans y no binarias.