Plan de reactivación económica

Proponemos el tránsito hacia una nueva matriz productiva, pero sabemos que en el corto plazo la primera prioridad del Gobierno debe ser generar empleos. Lo haremos con una mirada de futuro que se haga cargo de la crisis climática y ecológica, así como del retroceso histórico en la inserción laboral femenina, y que de la mano de las micro y pequeñas empresas avance en la desconcentración del mercado.

Nuestro plan de reactivación tiene tres pilares:

1. Rediseño de los subsidios laborales con un fuerte enfoque en el trabajo femenino, y de los programas de cuidados

que apoyen la inserción laboral de las mujeres. Tendremos en consideración tanto los cambios que ha experimentado el mundo del trabajo a propósito de la crisis sanitaria como los diversos instrumentos que ha utilizado el Estado para generar más empleo, para redirigirlos según las necesidades del mercado laboral actual y procurando la creación de empleos de calidad.

Entendemos que el proceso de reactivación debe sostenerse en el tiempo y para ello la formación para el trabajo es fundamental. Tenemos una propuesta de capacitación que anticipa las necesidades del mercado laboral luego de los procesos que se aceleraron producto de la pandemia y que permitan sostener el empleo. El programa Mujer Futura es parte de esta propuesta y tiene por objetivo disminuir las brechas digitales en mujeres.

Nuestra meta es generar 500.000 empleos femeninos a lo largo de nuestro gobierno, lo que nos permitirá recuperar los niveles de empleo previos

a la pandemia y avanzar en la disminución de las brechas existentes.

Rediseñaremos el Seguro de Cesantía, para que responda de forma más enérgica a los periodos de desempleo largo que sufren las y los trabajdores, con un aumento de montos, porcentajes y períodos en el uso de seguro, con un traspaso expedito entre el uso de la Cuenta Individual de Cesantía de aporte del empleador y el uso del Fondo de Cesantía Solidario.

  • Inversión pública verde, esto es, con impactos en adaptación o mitigación de la crisis climática. Se priorizarán obras que puedan ser rápidamente implementadas a través de la institucionalidad vigente, con capacidades locales presentes en cooperativas o Mipymes y que tengan un impacto mayor en la generación de empleo de forma descentralizada. Entre otras:
  • Mayor inversión en reacondicionamiento térmico de viviendas sociales. Avanzaremos también en implementar este programa en escuelas, centros residenciales y cárceles.
  • Instalación de sistemas de energía renovable residencial.
  • Demarcación y construcción de ciclovías con estándares de seguridad adecuados.
  • Obras de infraestructura para acceso al agua potable: rehabilitación de pozos, tanques y sistemas de tratamiento de agua potable, construcción de sistemas de tratamiento de aguas servidas, entre otras.
  • Realizaremos inversión pública para crear la infraestructura hidrográfica, que permita disminuir el uso ineficiente del agua para la agricultura, permitiendo que se recuperen la cuencas hidrográficas, con un impacto medible en detener el proceso de desertificación y cambio climático, esta medida ocupará 0,9% del PIB durante dos periodos de gobierno, para llegar a cumplir los compromisos al 2030.
  • Inversión en adaptación de la infraestructura cultural que permita condiciones de ventilación y distancia óptimas para asegurar su funcionamiento, así como también en infraestructura que incentive actividades al aire libre, conciertos, ciclos de artes escénicas y festivales, entre otras.
  • Invertiremos en infraestructura de apoyo al turismo de manera descentralizada (senderos, servicios sanitarios, señalización, alumbrado, miradores, etc), promoveremos activamente destinos y emprendimientos locales, potenciaremos los proyectos de eficiencia energética y energías renovables para las Mypes del sector, entre otras.
  • Mejoramiento del borde costero mediante obras que protejan la costa de las localidades frente a marejadas, trombas y el aumento del nivel del mar, así como también de obras que aumenten la calidad de vida de las comunidades: mejoramiento de accesos y paseos peatonales, iluminación, etc.

2. Reactivación con las Mipymes 

Para el corto plazo proponemos las siguientes medidas especiales de reactivación con foco en las mipymes, tan duramente afectadas por la crisis sanitaria:

  • En el plan de inversión pública verde priorizaremos obras que puedan ser ejecutadas o de las que puedan participar activamente micro, pequeñas y medianas empresas, así como cooperativas, las que tienen un mayor impacto en la generación de empleo desconcentrado y en los niveles regional y local.
  • Acceso a liquidez: constatamos durante la pandemia que los mecanismos de financiamiento como los créditos garantizados (FOGAPE) no son fáciles de obtener para quienes no están ya bancarizados. Por eso, teniendo en cuenta las condiciones de acceso al crédito, revisaremos los mecanismos existentes de financiamiento directo para las mipymes a fin de hacerlos más eficientes y de fácil acceso. También perfeccionaremos el sistema de créditos garantizados, regulando las condiciones mínimas de repactación y pago.
  • Medidas tributarias especiales para las mipymes. Entre otras, desarrollaremos un plan especial de condonación de intereses y multas devengadas durante la pandemia; nueva política de condonaciones de intereses y multas, y de convenios de pago con la Tesorería General de la República; Postergación del pago del IVA –sin reajustes, intereses ni multas– por 3 meses desde la fecha de vencimiento de la obligación de pago.
  • Simplificaremos los procesos de postulación y avanzaremos en una oferta coordinada de los beneficios para Mipymes que otorga el Estado, especialmente en materia de financiamiento, con postulaciones más rápidas y sencillas, apoyándonos en las experiencias de usuarias y usuarios del sistema.
  • Priorizaremos programas de capacitación en diversos niveles, especialmente en digitalización y nuevas tecnologías, que son vitales para que las mipymes puedan ampliar su mercado y robustecer sus capacidades. También proveeremos formación en estrategias de desarrollo de encadenamientos productivos locales y regionales, entre otras medidas.

Cambios con responsabilidad fiscal: reforma tributaria y fortalecimiento fiscal

La necesidad de enfrentar los desafíos sociales, medioambientales y productivos, buscando al mismo tiempo asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, exige un esfuerzo adicional de las personas de más altos ingresos y patrimonios, mientras revisamos y perfeccionamos nuestra institucionalidad fiscal.

Respecto a esto último, reforzaremos la orientación estratégica del gasto público en concordancia con las prioridades definidas en la Ley Marco de Desarrollo Social inclusivo y ambientalmente sostenible. Para esto, proponemos la integración de nuevos marcadores del presupuesto a través de “objetivos-país”, y una reformulación de los instrumentos de seguimiento y evaluación del gasto en concordancia con dichos objetivos. Además, queremos incorporar mecanismos de participación ciudadana en la elaboración y seguimiento del presupuesto de la nación.

Nuestro Gobierno tendrá como prioridad recuperar una trayectoria de consolidación fiscal creíble, con una reducción gradual y sostenida del déficit fiscal estructural. La única manera responsable de hacernos cargo de las justas demandas sociales y avanzar en la transformación productiva verde mientras llevamos a cabo dicha consolidación fiscal es con recursos permanentes adicionales que provengan de una reforma tributaria.

Actualmente más del 40% de nuestra recaudación tributaria proviene del IVA, lo que contribuye a que el sistema tributario no corrija las desigualdades que se generan en la estructura productiva. Avanzaremos hacia un régimen más parecido al que tiene la mayoría de los países de la OCDE, tanto en términos de recaudación como en progresividad.

La reforma tributaria recaudará del orden del 8% del PIB en régimen. Los cambios serán aprobados durante el próximo Gobierno y la implementación será gradual, en un periodo de seis a ocho años, contribuyendo así a la estabilidad del sistema tributario.

1. Nuevo régimen de impuesto a la renta

La integración de nuestro sistema tributario, junto con la estructura de los impuestos personales, implica que las personas de altos ingresos no paguen impuestos de acuerdo a su capacidad contributiva, especialmente cuando las fuentes de estas rentas provienen de grandes empresas. Sin alterar la situación de las pymes y la clase media, el nuevo régimen de impuesto a la renta implicará una mayor contribución de aquellas personas (cerca de un 1,5% del total de contribuyentes) que obtienen rentas mensuales de más de $4.500.000.

Proponemos:

  • Simplificar el sistema a través de la desintegración del impuesto a la renta para las grandes empresas y sociedades de inversión, separando el impuesto que paga una empresa del que les corresponde pagar a sus accionistas al retirar utilidades. Esta simplificación ayuda también a reducir la evasión.
  • Modificar tramos y tasas de los impuestos personales, aumentando la carga tributaria de quienes ganen más de $4.500.000 mensuales.
  • Las pymes mantendrán su régimen integrado y beneficios actuales.
  • No se aumentará el Impuesto de Primera Categoría.
  • No se modificará el régimen para inversionistas extranjeros ni se revisarán los convenios para evitar la doble tributación internacional.
  • Se establecerán mecanismos para que, en el sistema desintegrado, la carga tributaria máxima sobre utilidades distribuidas, esto es, considerando impuestos corporativos y personales conjuntamente, se ubique en torno a la mediana de la OCDE.

Estimamos una recaudación adicional de en torno a 1% del PIB en régimen por el conjunto de medidas en este ítem.

2. Reducción de exenciones

Buscamos un sistema tributario más progresivo y equitativo, lo que implica el fin de aquellas exenciones cuyo fundamento ya

no existe o que benefician a determinados sectores del país que consistentemente son los de mayores ingresos. Para ello impulsaremos, entre otras, la eliminación de las siguientes exenciones:

  • Eliminación del régimen de renta presunta, pasando a estos contribuyentes al régimen Pyme.
  • Eliminación de la exención a las ganancias de capital en instrumentos bursátiles. Dichos ingresos deberán sujetarse a las normas generales de tributación.
  • Limitación o eliminación de los beneficios para inmuebles DFL-2, cuidando de no afectar a la clase media.
  • Reducción del monto exento en las ganancias de capital por venta de inmuebles, y eliminación del impuesto sustitutivo del 10%, pasando a tributar según el régimen general.
  • Eliminación de beneficios para inmuebles adquiridos antes de enero de 2004.
  • Eliminación de la exención de 10 UTA en la enajenación de acciones.
  • Eliminación de los beneficios a los retiros de libre disposición.
  • Eliminación de exención del impuesto a la herencia respecto de los seguros de vida.
  • Revisión de la deducción por pago de intereses derivados de créditos hipotecarios para enfocar beneficio en la clase media.
  • Término del crédito especial IVA para empresas constructoras, con mecanismos que eviten perjudicar la adquisición de viviendas sociales.
  • Limitación de la utilización de pérdidas tributarias de arrastre.
  • Eliminación de la exención del impuesto de primera categoría a los fondos de inversión privados (FIP).

Estimamos una recaudación adicional de en torno a 1% del PIB en régimen por el conjunto de medidas en este ítem.

3. Impuestos a la riqueza

Proponemos una serie de medidas muy focalizadas, para que un subconjunto muy pequeño de ciudadanos incremente su aporte, y con ello los frutos del desarrollo se repartan de manera mucho más equitativa en el país.

  • Un impuesto al patrimonio neto de aquellas personas naturales de alto patrimonio que tengan domicilio o residencia en Chile, respecto de su riqueza en el país o en el exterior. Más del 99,9% de la población adulta estará exenta del pago de este impuesto. Considerando los desafíos que supone implementar un impuesto de este tipo, se establecerán obligaciones de entrega de información tanto a contribuyentes como a terceros (notarios, conservadores, corredores de bolsa, bancos, instituciones financieras, etc.).
  • Un impuesto a las utilidades retenidas en las empresas cuya tributación se encuentra pendiente. El objetivo es compensar uno de los principales problemas de nuestro actual sistema tributario: la postergación indefinida de impuestos. Las pymes estarán exentas de esta tributación.
  • Revisar las exenciones injustas en contribuciones territoriales, y perfeccionar una herramienta ya existente, la sobretasa de impuesto territorial, aumentando su tasa y estableciendo nuevas reglas de valoración de activos. Para estos efectos se establecerán mecanismos para evitar situaciones de doble tributación respecto de aquellos contribuyentes que se graven con el impuesto al patrimonio.
  • Modificar el impuesto a la herencias y donaciones, acercando los valores por los cuales se paga dicho impuesto a un valor más cercano al comercial. Además, limitar o eliminar exenciones que no se justifican y establecer normas antielusión para limitar la planificación en vida.
  • Modificar cuerpos normativos con el objeto de evitar el uso de estructuras jurídicas que limitan la potestad tributaria del país y la recaudación. Se tomará en consideración la experiencia internacional y los estándares OCDE, por ejemplo, en materia de exceso de endeudamiento, en normas sobre paraísos tributarios, normas sobre rentas pasivas, sobre venta de empresas en el exterior con activos subyacentes en Chile, etc.

Estimamos una recaudación adicional de en torno a 1,5% del PIB en régimen por el conjunto de medidas en este ítem.

4. Impuestos verdes

Chile debe construir un modelo económico que integre la protección del medio ambiente como un eje estructurante, lo que necesariamente significa avanzar hacia una transición justa y sustentable. Por esta razón implementaremos una Reforma Fiscal Verde, no solo para acceder a nuevos recursos financieros que apoyen el desarrollo económico general, sino para proceder a una transición justa, con una estructura tributaria que promueva y asegure un desarrollo económico sustentable e igualitario.

Acompañaremos a sectores populares, medios y pymes en esta transición justa, buscando herramientas para mitigar potenciales efectos

transitorios en sus presupuestos. Propondremos:

  • Aumentar gradualmente el impuesto al CO2 desde 5 a 40 USD/tCO2, y ampliar su alcance abarcando distintas fuentes de emisión.
  • Incrementar gradualmente el impuesto específico a los combustibles a 7 UTM/m3 en promedio a nivel nacional, considerando para estos efectos el impuesto óptimo que internalice las externalidades ambientales. Eliminar las exenciones para industrias y transporte.
  • Aumentar y ampliar la cobertura del impuesto a la primera venta de automóviles.
  • Introducir un impuesto ad valorem al plástico de envases y embalajes y el plástico contenido en los principales productos de plásticos desechados comercializados.
  • Estimamos una recaudación adicional de en torno a 1% del PIB en régimen por el conjunto de medidas en este ítem.

5. Royalty a la gran minería del cobre

A pesar de que el Estado posee el dominio absoluto,

exclusivo, inalienable e imprescriptible sobre todos los yacimientos de cobre de nuestro país, una gran proporción de sus rentas son apropiadas por un conjunto pequeño de grandes conglomerados.

Respetando los contratos de invariabilidad tributaria, vamos a recuperar una proporción significativa de las rentas del cobre para Chile, destinándolas a una transformación productiva verde que nos permita superar el extractivismo y avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo.

  • Implementaremos un royalty cuyo objetivo sea que el Estado recupere una proporción significativa de las rentas económicas del cobre, manteniendo los incentivos para invertir.
  • El mecanismo será progresivo en precios: mientras mayor sea el precio del cobre, y por lo tanto mayores las rentas económicas, mayor será la carga efectiva que enfrentarán las empresas.
  • Tomando en cuenta su simplicidad y la reducción de espacios de evasión y elusión, el royalty tendrá un componente ad valorem o tasa sobre las ventas. Habrá otro componente sobre la rentabilidad operacional o financiera, que nos permitirá extraer rentas adicionales de aquellos yacimientos con menores costos.
  • Propondremos herramientas para fomentar la localización en Chile del proceso industrial de refinación.
  • Se fortalecerán las capacidades de fiscalización de las instituciones estatales relacionadas, y se diseñarán instrumentos específicos para cerrar brechas de evasión y elusión del royalty.

Estimamos una recaudación adicional de en torno a 1% del PIB en promedio en régimen por la implementación del Royalty.

6. Medidas contra la evasión y la elusión

La evasión y la elusión tributarias se concentran en los sectores de más altos ingresos, que poseen los medios para vulnerar la letra y el espíritu de la ley con el objeto de pagar menos impuestos. Año a año se dejan de recaudar miles de millones de dólares debido a este tipo de operaciones. Se estima que la elusión y la evasión representan más de siete puntos del PIB en Chile, mientras el promedio de la OCDE está en torno a tres puntos del PIB. Combatirlas, por lo tanto, es un asunto de igualdad ante la ley y una indispensable herramienta de recaudación. Por estas razones proponemos:

  • Fortalecer y dotar de más recursos al Servicio de Impuestos Internos (SII) y al Servicio Nacional de Aduanas para incrementar el personal y modernizar sus capacidades tecnológicas, especialmente en el manejo de tecnologías de la información.
  • Reformar la Norma General Antielusión, mejorando su redacción y facultando al SII para aplicarla administrativamente, siguiendo la tendencia mundial en esta materia.
  • Permitir y reforzar las capacidades técnicas del Ministerio Público para la persecución de ciertos delitos tributarios de forma coordinada pero no sujeta a querella del SII.
  • Someter los delitos tributarios al tratamiento de los delitos económicos, en línea con el proyecto de ley que actualmente se discute en el Congreso.
  • Facultar al SII para que acceda de manera expedita y periódica a información sujeta a reserva o secreto bancario que sea necesaria para el control de la evasión y la elusión, en línea con el estándar OCDE.
  • Establecer por ley la obligación de organismos públicos (Aduanas, CMF, UAF, PDI, Banco Central, entre otros) de entregar al SII información necesaria para la fiscalización tributaria cuando lo requiera, a pesar de carácter reservado.
  • Restablecer y reforzar obligaciones de informar inversiones en paraísos tributarios y otro tipo de instrumentos híbridos tales como trusts. Además, asegurar al SII el registro de beneficiarios efectivos (finales), en línea con las recomendaciones de la OCDE para Chile.
  • Consagrar la figura del denunciante anónimo tributario, semejante a lo que ya existe en la regulación del mercado financiero.
  • Dotar al SII de las capacidades y recursos para desarrollar estimaciones periódicas sobre evasión del impuesto a la renta.

Estimamos una recaudación adicional de al menos 2,5% del PIB en régimen por el conjunto de medidas en este ítem.

Financiamiento para el desarrollo y la innovación: Banca Nacional de Desarrollo

Para salir del estancamiento económico desde nuevas y mejores fuentes de generación de riqueza, es indispensable un sistema financiero que movilice recursos hacia nuevos sectores productivos. El sistema financiero chileno, de enfoque cortoplacista y adverso al riesgo y a la innovación, no entrega ni la estructura ni la escala de instrumentos financieros necesarios para garantizar la transformación productiva necesaria para la sostenibilidad ambiental y un crecimiento dinámico.

Para generar esa escala y estructura de financiamiento, es fundamental que el Estado vuelva a ser un actor relevante en el financiamiento productivo de nuestro país, apoyando el desarrollo de nuevas tecnologías e iniciativas. Los desafíos actuales, en materia de desarrollo productivo, implican repensar los instrumentos y las dimensiones financieras, a través de una institucionalidad moderna que coordine las políticas de financiamiento estatal, con la independencia programática y de políticas, que le permita implementar políticas de largo plazo, donde el Estado apueste por

la innovación y financie pacientemente iniciativas que catalicen el cambio estructural de nuestra matriz productiva a una más moderna, justa y sostenible.

Proponemos un Banco Nacional de Desarrollo (BND) que funcione como un conglomerado financiero con dos empresas estatales especializadas: Un Banco especializado en créditos, con instrumentos de primer y segundo piso; y un Fondo de Financiamiento especializado en el otorgamiento de capital a empresas innovadoras, ambos con un gobierno corporativo especializado e independiente y con financiamiento ad- hoc a sus instrumentos.

Para garantizar la independencia del ciclo político que asegure medidas de largo plazo y la coordinación con el resto de las políticas de desarrollo productivo, se propone que la estrategia general de desarrollo en que el Banco se inserte sea establecida por el Consenso Nacional para el Desarrollo, que será reformulado con el objetivo de fortalecerlo y hacerlo vinculante, manteniendo su independencia del poder ejecutivo, y con la posibilidad de incluir a representes de la sociedad civil, universidades, gremios, sindicatos y ministerios de ciencia y tecnología,economía, agricultura y trabajo, además de representantes de los gobiernos regionales. Esta propuesta de lineamientos de largo plazo del desarrollo está inspirada en los diversos consejos público-privado establecidos por los casos nórdicos y asiáticos de desarrollo y que han demostrado cómo una institucionalidad inclusiva y participativa puede elaborar una plataforma de desarrollo independiente a los ciclos políticos y las posiciones corto- placistas de actores.

Los directorios de las empresas del conglomerado BND estarán conformados por miembros seleccionados por el nuevo Consenso Nacional para el Desarrollo a través del Sistema de Alta Dirección Pública y miembros nominados por presidencia y aprobados por el congreso.

En términos de gestión del Banco Nacional de Desarrollo, la figura de empresa estatal permitirá potenciar el personal de planta, ya que contaría con mayor flexibilidad para atraer, desarrollar y retener profesionales, así como contar con un nivel de dotación que asegure la calidad y eficiencia en sus servicios. Al contar con contabilidad propia, se podrán adoptar altos estándares de gestión de riesgo que aseguren la sostenibilidad financiera reinvirtiendo en nuevos proyectos los beneficios que el banco generará.

Así, con una estructura eficiente y moderna, con sostenibilidad financiera y con una estrategia clara a largo plazo, podremos movilizar los recursos financieros necesarios para las transformaciones que nuestra economía necesita.

Una minería para Chile y los desafíos del futuro

Queremos definir un nuevo rol económico de los recursos naturales, pasando de la mera extracción a un uso eficiente de las rentas propias de cada sector. Para esto se promoverán políticas orientadas a posicionar la minería en Chile como un ejemplo, por su capacidad de conciliar la reducción de impactos locales con el desafío de contribuir

con minerales de bajas emisiones a la lucha contra la crisis climática, manteniendo una relación armónica con las comunidades y los territorios donde se desarrolla.

  • Se impulsará una nueva gobernanza de salares para la gestión del litio, fomentando la participación de la industria, la academia y las comunidades, promoviendo la investigación e innovación y con protagonismo del Estado en su desarrollo. En particular, se promoverá la creación de una empresa nacional de litio que desarrolle una nueva industria nacional de este recurso estratégico, con protagonismo de las comunidades y agregando valor a la producción.
  • Entendemos que la inversión en ciencia aplicada e innovación en minería es crucial para la superación del extractivismo. Por esta vía se buscará darle mayor valor agregado tanto al cobre como a sus subproductos. Se pondrá énfasis también en investigación y desarrollo que permitan acelerar la transición hacia una minería de bajas emisiones.
  • En la misma línea, vamos a promover iniciativas científicas para minimizar el impacto de relaves mineros y la optimización de la exploración minera, incluido el desarrollo de la exploración de metales críticos para un desarrollo sustentable y sostenible.
  • Se fortalecerá la ENAMI para que lidere un plan de fomento y desarrollo para la mediana minería, pero especialmente para la micro, la pequeña y la minería artesanal, impulsando su modernización tecnológica e inversiones para dar mayor sustentabilidad a sus operaciones. Buscaremos minimizar el impacto ambiental de la pequeña minería implementando sistemas de reciclaje para desechos y maquinaria abandonada.
  • Queremos fortalecer la capacidad de fundición de cobre, para lo cual se impulsará la construcción de una nueva fundición que permita aumentar la capacidad local de producción de cobre refinado con altos estándares ambientales. Esto permitirá reducir la exportación de concentrado, habilitará encadenamientos productivos y movilizará empleo en todos los rubros asociados al desarrollo de nuestra minería. Además, se revitalizará la estrategia para la regularización de Pasivos Ambientales Mineros (faenas abandonadas), que son un riesgo para el medio ambiente y las comunidades. En línea con la reducción del impacto ambiental asociado a la producción de cobre, se promoverán inversiones en infraestructura compartida para el uso de agua de mar en minería y se promoverá el uso de energías limpias en los procesos mineros e industriales. Así también, promoveremos su trazabilidad en el mercado.