Transformación digital

Tras la irrupción y adopción masiva de tecnologías digitales estas son parte de la vida diaria de una mayoría. Sin embargo, persisten brechas de acceso, uso y apropiación que dejan atrás a una parte significativa de nuestra población: las personas mayores, quienes viven en

zonas rurales o aisladas, mujeres adultas y al cuidado de menores son grupos particularmente excluidos del acceso y uso de nuevas tecnologías digitales. Consideramos

que la transformación digital es una condición de borde para la política industrial a desarrollar, y que siempre debemos buscar que la inversión deje nuevas capacidades, distribuidas equitativamente en nuestros territorios.

1. Infraestructura digital e internet como servicio básico. Entendemos que la transformación digital es un proceso fundamental para disminuir brechas y transitar hacia un modelo de desarrollo justo y sostenible. En Chile, un 17,7% de la población no usa internet; la provisión de tecnologías digitales se ha concentrado en las empresas grandes y en mucho menor medida en las pequeñas, y las brechas digitales se relacionan con factores de género, clase social, edad, educación y segregación territorial, entre otras. Hay 3 tipos de territorios excluidos de la conexión a internet por parte de las grandes empresas de telecomunicaciones: barrios periféricos de grandes ciudades, áreas rurales y zonas extremas. Esa exclusión, sumada a la situación de emergencia que ha supuesto la pandemia, requiere terminar de manera inmediata con la discriminación en el acceso a internet. Por esa razón:

  1. Modernizaremos la regulación de los operadores de telecomunicaciones, definiendo las telecomunicaciones como servicio básico, lo que obligará a mejorar cobertura y estándares de calidad del servicio.
  2. Estableceremos un Registro Nacional de Conectividad mediante una modificación reglamentaria; el registro transparentará todas las factibilidades técnicas, servicios solicitados, y velocidades efectivas de subida y bajada a nivel de domicilio, con garantía de protección de datos personales. Con ello se generará un mapa nacional de conectividad a nivel de manzana de calles, con actualización periódica y acceso público.
  3. A través de este registro podremos identificar zonas excluidas y fomentar el ingreso de operadores locales como pymes, ONG y municipalidades, tanto mediante esquemas reglamentarios adecuados como estableciendo subsidios que faciliten su participación. Esta será una de las estrategias para abordar las “zonas rojas”.
  4. Con respecto a las tarifas, en el corto plazo, además de diversificar la oferta y el mercado, se podrán establecer mecanismos de subsidios para las cuentas de familias sin capacidad de pago. En el mediano plazo, estos subsidios públicos serán reemplazados por esquemas tarifarios que tengan componentes progresivos, de manera similar a lo que hoy existe en la regulación de los servicios sanitarios. Ello implica una modificación del actual Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT).
  5. En línea con lo que realiza la Unión Europea, estableceremos una nueva regulación para la compartición de infraestructura de redes, de manera de reducir el costo de la inversión en el despliegue de redes y de otros servicios, fomentando la cobertura territorial con servicios de alta calidad. También proponemos una nueva regulación de precios en territorios con operadores monopólicos y el uso de obras públicas para el despliegue de redes.
  6. En términos de provisión pública, crearemos una empresa estatal de redes de telecomunicaciones orientada a la ejecución de proyectos de infraestructura troncal pública y a la operación de fibra óptica.
  7. Implementaremos un plan que incorporará nuevos instrumentos de política industrial y recaudación fiscal, así como el uso del espectro disponible para el fomento de radio y televisión con fines multiculturales y comunitarios. Modernizaremos la Ley General de Telecomunicaciones para que este bien sea licitado y no entregado sin grandes requerimientos a las empresas, como se hizo durante gran parte de los últimos treinta años. Además, se debe reducir la duración de las licencias de 30 a 15 años (como en la mayoría de los países OCDE), de manera que el Estado pueda hacer un uso estratégico de estos bienes.
  8. Velaremos por que el despliegue de la tecnología 5G aproveche todas sus ventajas y ayude a disminuir la brecha de conectividad en el país, en particular en las “zonas rojas” o en los lugares donde las redes se congestionan limitando fuertemente el servicio. Priorizaremos el uso y cobertura del 5G para uso educacional, de salud, domiciliario y empresarial en los lugares donde no haya cobertura de fibra óptica, y que incentive la innovación tecnológica, ayude a agregar valor a los procesos productivos nacionales y a mejorar la productividad de las empresas. Impulsaremos que las universidades y los centros de investigación del país desarrollen casos de uso de 5G para el desarrollo de capacidades y soluciones públicas y privadas. Lo anterior, siempre en un ambiente de compatibilidad y armonía con el medio ambiente y el buen vivir.

Se requerirán inversiones significativas para adoptar tecnologías como 5G y fibra óptica en todo el territorio nacional. Esto, sumado a la necesidad de abordar la brecha digital en su dimensión de uso y apropiación, requiere un Pacto por la Transformación Digital que genere una estrategia a mediano y largo plazo, para el cual convocaremos a los gobiernos locales, los sectores empresariales, la sociedad civil y la comunidad científica.

Este pacto deberá definir resultados y una estrategia para ser implementada desde nuestro segundo año de Gobierno.

2. Derechos digitales. La información y los datos se han transformado en un eje de la sociedad en nuestra era de acelerada revolución tecnológica. Las redes sociales, el uso de internet y la evolución del comercio digital implican una constante creación y recopilación de datos personales con mecanismos opacos, lo que supone nuevos desafíos y la definición de políticas de manejo de la información, protección de la privacidad y garantías de seguridad en el ciberespacio para la población, además de contener la proliferación de la desinformación. Todo ello obliga al Estado a adaptarse con mayor velocidad a los cambios y a tener una capacidad de respuesta acorde a los tiempos. Por ello impulsaremos una política nacional de datos, la que se articulará sobre dos ejes principales:

  1. Protección de la información y ciberseguridad, tanto de la información privada como pública. En esta línea, la implementación robusta de la Política Nacional de Ciberseguridad debe necesariamente estar orientada hacia la protección de los derechos fundamentales involucrados, evitando que una visión de seguridad nacional implique la adopción de tipificaciones de delitos informáticos o mecanismos de vigilancia estatal que socavan los derechos fundamentales en línea. Le daremos urgencia a la tramitación de una nueva ley de datos personales que dé cuenta de los desafíos actuales del entorno en línea, la inteligencia artificial, el big data y el uso de otras tecnologías, incluyendo estándares de protección reconocidos por la OCDE y en línea con la regulación europea.}
  2. Lo anterior, se complementa con nuestra política especial de protección de niños, niñas y adolescentes sobre la violencia digital (ver Capítulo de Inclusión, protección de derechos y erradicación de las violencias)

Promoveremos una campaña permanente de formación sobre uso y controles de seguridad de internet y tecnologías digitales. Especialmente en sectores rurales, sectores más marginados en cuanto a servicio, grupos excluidos (como las personas mayores).

El Estado debe tener la capacidad de generar y coordinar datos entre instituciones públicas con el fin de coordinar y hacer avanzar las políticas públicas de corto, mediano y largo plazo. (Ver la propuesta de un Banco Integrado de Datos en el siguiente capítulo).

3. En línea con nuestro plan de Transformación Digital, ampliaremos la cobertura de Internet, el equipamiento y capacitación informática para todos los niveles educativos y daremos continuidad a iniciativas de aprendizaje no presencial a través de televisión (incluyendo el uso educativo de las nuevas señales de la televisión pública y la ampliación de contenidos de la señal TV Educa), radio e internet. Adicionalmente, mediante una ampliación del programa “Me conecto para aprender”, garantizaremos equipamiento informático en sus hogares (y conectividad siempre que exista viabilidad técnica) a todos los estudiantes de la educación pública de cohortes que irán ampliándose paulatinamente (comenzando por 4º, 7º básico y 2º

medio). También ampliaremos gradualmente el acceso a computadores personales y conectividad a las y los docentes que trabajan en la educación pública.

Transporte y movilidad activa.

  • Descentralizaremos la planificación y la gestión de la movilidad a nivel regional, transfiriendo íntegramente competencias y financiamiento a los Gobiernos Regionales. Crearemos al interior de éste la figura de la Autoridad Regional de Movilidad con estas atribuciones, la cual tendrá un consejo asesor y consultivo ciudadano.
  • Desarrollaremos una política ferroviaria en las macrozonas centro y sur, dando continuidad a los proyectos que ya tienen algún nivel de avance e impulsando tres nuevos proyectos: Santiago-Valparaíso, Santiago-San Antonio y Santiago-Chillán-Concepción.
  • Implementaremos de 3 a 4 pilotos del programa Transporte Público Doble Cero en ciudades pequeñas e intermedias, que considere tarifa $0 para todos sus usuarios, y con buses de cero emisión.
  • A nivel nacional, implementaremos Sistemas Regionales de Transporte Público, integrando física, tarifaria y operacionalmente los diferentes sistemas existentes, mediante procesos licitatorios competitivos y propendiendo hacia vehículos de cero emisión. En tarifas, proponemos la gratuidad para adultos mayores en el transporte público.
  • Favoreceremos la movilidad activa, construyendo 1.000 km de Circuitos Peatonales de alto estándar en ciudades intermedias como Arica, Machalí, Curicó, Talca y Coyhaique, ya que cuentan con condiciones geográficas adecuadas o planes maestros en etapas avanzadas, los que incluirán puentes multipropósitos para peatones y ciclistas. También construiremos 500 km anuales de redes de ciclovías, que privilegien la integración de equipamiento educativo, de salud y recreacional.
  • Definiremos la política de Visión Cero, cuya meta será reducir en un 50% las muertes y lesiones graves por siniestros viales en zonas urbanas al 2030, y considerando la vida de las personas en el centro del diseño vial. Para ello, gestionaremos la velocidad mediante mecanismos de fiscalización automatizada, patrocinaremos activamente la promulgación de la Ley CATI y dispondremos los recursos necesarios para su implementación. Además, avanzaremos en diseños de infraestructura coherentes y acordes, promoviendo y destinando recursos a la materialización de 50 zonas de tránsito calmado. Todo ello potenciado en un marco fijado por una Ley y Política de Movilidad.