Derechos humanos

Uno de los pilares de nuestro gobierno será el respeto irrestricto a los derechos humanos, en todo momento y lugar. En ese marco, algunas de las principales medidas son:

  1. Políticas públicas con enfoque de derechos humanos (DDHH). Resulta necesario permear toda la estructura del Estado con un enfoque de derechos. Para ello, la Subsecretaría de DDHH deberá coordinarse con los demás ministerios y servicios para que se cumplan los principios de igualdad y no discriminación, participación social, acceso a la justicia, transparencia y rendición de cuentas, cautelando la inclusión de la perspectiva de género y diversidad, así como la protección prioritaria de grupos en situación de discriminación histórica.]
  2. Violaciones de DDHH cometidas en la dictadura cívico-militar. Se adoptará un conjunto de medidas para avanzar en verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición. En particular, se avanzará en:
  3. Implementar un plan nacional efectivo de búsqueda de personas detenidas desaparecidas, integrado por las entidades públicas pertinentes que cuenten con equipos multidisciplinarios especializados, con recursos suficientes y dotación especializada, que trabaje junto a la sociedad civil en el esclarecimiento de su destino final.
  4. La conformación de una Comisión Calificadora Permanente que permita revisar los casos de violaciones de derechos y víctimas de homicidios, torturas y desapariciones ocurridas en la dictadura cívico militar y la creación de un sistema de calificación de víctimas de DDHH desde el retorno a la democracia, para que las víctimas y/o sus familiares puedan acceder a prestaciones de reparación como el PRAIS u otras.
  5. Revisaremos la fórmula adecuada para dejar sin efecto el Decreto Ley de Amnistía N° 2.191 para cumplir con la recomendación de los órganos internacionales de derechos humanos.
  6. Revisar las medidas de reparación a las víctimas de la dictadura para avanzar en el cumplimiento de los estándares de reparación integral. En ese marco, se reajustarán los montos de las diversas pensiones de reparación de las víctimas de prisión política y tortura, de familiares de personas ejecutadas y/o desaparecidas y de las personas exoneradas políticas. También se eliminará la incompatibilidad existente entre diferentes tipos de pensiones.
  7. Reforzar los órganos del sistema de justicia que tienen funciones de investigación y sanción, tales como los equipos de ministras y ministros en visita que investigan estas causas, la Brigada de DDHH de la Policía de Investigaciones y el área de DDHH del Servicio Médico Legal.
  8. Violaciones de derechos humanos cometidas durante la revuelta social.
  9. Fortaleceremos los órganos públicos responsables de avanzar en la investigación y sanción, robusteciendo los equipos de la Fiscalía que investigan estas causas, la Brigada de DDHH de la Policía de Investigaciones y el área de DDHH del Servicio Médico Legal.
  10. Promoveremos normas legales y administrativas que aseguren la reparación integral de todas las personas vulneradas en sus DDHH, especialmente las víctimas con daños físicos irreversibles, las víctimas de lesiones oculares, las víctimas de violencia sexual y los familiares de víctimas de homicidio.
  11. Avanzaremos en un conjunto de medidas de Garantías de No Repetición, entre las que destacan la refundación de Carabineros. En la nueva policía se reforzará, entre otras cosas, la subordinación al poder civil, una regulación legal del uso de la fuerza y una formación transversal en DDHH.
  12. Apoyaremos el proyecto de ley de indulto para quienes injustificadamente siguen privados de libertad, además de quitar las querellas por ley de seguridad interior del Estado interpuestas en ese período.
  13. DDHH de los grupos de especial protección. Impulsaremos acciones afirmativas para corregir las desigualdades estructurales e históricas que han experimentado las mujeres y diversos grupos sociales y colectivos, tales como, entre otros, niños, niñas y adolescentes, pueblos indígenas, personas migrantes, comunidades afrochilenas, personas mayores, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y bajo custodia del Estado, personas LGBTIQA+, personas trabajadoras sexuales y personas en situación de pobreza.
  14. Protección especial de personas defensoras de DDHHs. Instauraremos un estatuto de protección reforzada de los derechos de defensores y defensoras, que considerará especialmente su resguardo en contexto de manifestaciones y la adopción de medidas de protección por parte del Ministerio Público en casos de ataques o amenazas.
  15. Avanzaremos en la formación en DDHH en todos los niveles educativos y en las instituciones del Estado, especialmente:
  16. La formación y educación de las futuras generaciones a lo largo de su ciclo vital, con énfasis en el respeto a la diversidad y la no discriminación.
  17. Promoveremos el estudio de los DDHH en todas las carreras de la educación superior y muy especialmente en las carreras de Pedagogía, con el fin de que profesores y profesoras estén capacitados para impartir esta materia de forma transversal en el currículo escolar.
  18. Reforzar en las bases curriculares y otros instrumentos de política pública, contenidos vinculados a la promoción de una cultura de DDHH, así como el respeto y resguardo de la democracia y el Estado de Derecho.
  19. Establecer en las Fuerzas de Seguridad y de Orden el estudio de los DDHH y del derecho internacional humanitario como disciplinas transversales.
  20. Avanzaremos en la promoción y preservación de la memoria, de espacios de conciencia y sitios de memoria con una nueva ley de sitios de memoria que permita su recuperación y patrimonialización expedita, aplicable tanto a espacios que hoy están reconocidos como lugares de tortura/exterminio –en dictadura y otros momentos de la historia pasada y reciente– como a aquellos que aún no lo han sido.
  21. Impulsaremos la adecuación de nuestra legislación a los estándares de derecho internacional de los DDHH en materias como la libertad de asociación, el derecho a manifestarse y la persecución penal del terrorismo. En particular, impulsaremos leyes que reconozcan el derecho a manifestarse y la derogación de leyes represivas, tales como las normas que regulan el control de identidad preventivo, la ley antibarricadas y la Ley de Seguridad del Estado. También buscaremos reformar la legislación antiterrorista para que esté acorde a las exigencias del derecho internacional de los DDHH.
  22. Las grandes corporaciones pueden impactar negativamente los DD.HH. Impulsaremos mecanismos de rendición de cuentas corporativas y reparación de daños. Estos mecanismos serán transparentes y se harán cargo de las asimetrías que hoy impiden a las personas acceder adecuadamente a la justicia cuando sus conflictos son con empresas. Tomaremos las medidas necesarias para que el Estado a través de su potestad regulatoria pueda cumplir con su rol efectivo de protección a las personas en casos de impactos negativos sobre sus DD.HH. producto de las acciones u omisiones de empresas. En particular, presentaremos un proyecto de ley en el que se regulará la debida diligencia en DD.HH. para las empresas que operen en Chile y para las empresas de propiedad chilena con operaciones extraterritoriales.
  23. Futura institucionalidad de los DDHH. Impulsaremos una legislación que establezca la figura autónoma de la Defensoría del Pueblo u Ombudsperson, estableciendo un amplio mandato para la protección y promoción de los derechos humanos, así como de capacidades específicas referidas a los grupos de especial protección, las que se ejercerán a través de defensorías temáticas cuyos integrantes cuenten con inmunidad. Procuraremos que la institucionalidad vigente durante nuestro Gobierno pueda ejercer debidamente sus atribuciones y tenga recursos suficientes para cumplir con su mandato.
  24. Impulsaremos la firma y ratificación del Estado de tratados internacionales como el Pacto de San Salvador y acuerdos como el de Escazú en materias ambientales y el de Marrakech sobre migraciones.