Propuestas programáticas
Crisis climática y Medio Ambiente

Crisis climática, transición justa y nueva institucionalidad ambiental

Chile debe reconocerse y declararse en estado de emergencia climática. Aunque no es responsable de esta crisis, sufrirá sus impactos más agudos si no se adapta y contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Además, debemos cumplir nuestros compromisos climáticos internacionales y ser más ambiciosos en su formulación, fortaleciendo nuestras metas de mitigación de mediano y largo plazo para adelantar la meta de ser un país carbono neutral, y articulando dicha meta con acciones ambiciosas de adaptación y protección de nuestros ecosistemas terrestres y marinos, como glaciares, costas y océanos.

Adaptación a la Crisis Climática.

Definiremos una hoja de ruta para afrontar la crisis climática, la cuál será consagrada en la Estrategia de Adaptación Transformadora a la Crisis Climática, de mediano a largo plazo y con enfoque en las regiones. Será el producto de un diálogo social con pertinencia local que logre

detectar oportunidades, riesgos y mejoras posibles a partir del reconocimiento de esta crisis.

  • Esperamos que la Estrategia de Adaptación Transformadora contemple crear, con fondos existentes y parte de la recaudación del royalty, un Fondo Soberano de Adaptación al Cambio Climático para generar capacidad de ahorro y brindar margen presupuestario para las inversiones futuras, para desarrollar una política de desarrollo de un sistema alimentario sostenible, con el objetivo de asegurar la seguridad alimentaria de la población basada en criterios de salud, económicos y ambientales. Esta política de desarrollo potenciaría el rol de la agricultura familiar campesina, la pesca artesanal y la acuicultura de pequeña escala, así como el repoblamiento y uso sostenible de las algas.
  • Aprovechando la oportunidad que brinda la discusión de la Ley Marco de Cambio Climático en el Congreso, propondremos legislación para que aquellos proyectos productivos que deban someterse a un proceso de evaluación ambiental declaren sus proyecciones de GEI y medidas de mitigación consistentes con el objetivo de carbononeutralidad, y para que la exigencia de que en proyecciones de línea de base se considere el comportamiento futuro de componentes ambientales según diferentes escenarios climáticos. Además, propondremos que todas las políticas, planes e instrumentos de planificación territorial que se sometan a Evaluación Ambiental Estratégica incorporen la evaluación de riesgos y estrategias de adaptación para diferentes escenarios de cambio climático.
  • Impulsaremos con fuerza el desarrollo de la economía circular. Profundizaremos el marco normativo que hoy entrega la Ley de
  • Responsabilidad Extendida del Productor a través de una Ley Marco de Economía Circular y Gestión de Residuos que, al incorporar el enfoque de ciclo de vida, permita la generación de modelos de basura cero a escala municipal, la reducción de los desperdicios de alimentos, la regulación del uso de materia primas secundarias, políticas de ecodiseño, reglamentación de abonos y bionutrientes, reutilización de aguas residuales, la promoción de simbiosis industrial, la regulación de la obsolescencia programada y la participación efectiva de recicladores de base.
  • En línea con nuestras políticas para una reactivación económica sostenible, priorizaremos una inversión en infraestructura que permita adaptar nuestros sistemas rurales y urbanos a los efectos del cambio climático.

2. Comisiones de Transición Justa.

Los cambios profundos que proponemos, si bien son de suma urgencia, requieren tiempo para concretarse. Varios sectores productivos necesitarán alternativas y soluciones para reemplazar algunos de sus procesos, según las características, necesidades y potencialidades de cada territorio, y teniendo como principio rector de toda transición de modelos productivos la protección de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Por ello proponemos la generación de Comisiones de Transición Justa en sectores de la economía y comunidades vulnerables a la transición ecológica, y también para impulsar procesos de reparación social y ambiental en comunidades vulneradas. Estas comisiones deben generar procesos participativos de diseño y propuestas de transición justa que se anticipen a los efectos que las economías verdes pueden provocar en los segmentos laborales más vulnerables del país, y deben enfocarse de manera especial en la reconversión laboral. También establecerán medidas de reparación social, ambiental y económica efectiva para las comunidades vulneradas.

La composición de estas comisiones debe ser fuertemente local, sin perder de vista los sectores económicos y los ministerios involucrados: proponemos que las integren representantes de los sindicatos de empresas o industrias respectivas, del gobierno regional y comunal, de los Ministerios relevantes en cada caso, de organizaciones vecinales o sociales de las comunidades dependientes de las industrias contaminantes, de las empresas que finalizan sus operaciones en la zona respectiva y/o tengan interés en participar en nuevos emprendimientos, de comisiones científicas que ayuden a definir las medidas de mitigación o reparación del medio ambiente dañado a través de metas, indicadores y compromisos vinculantes, y con mecanismos de evaluación periódicos.

3. Protección y recuperación de la biodiversidad.

Se necesita un rediseño institucional que logre conocer y monitorear eficientemente el estado de los ecosistemas. Por esto:

  • Impulsaremos la tramitación expedita del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), e iniciaremos una reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA) que fortalezca la participación de las comunidades y reconozca la vocación y características del territorio. Asimismo, desarrollaremos políticas de protección a los defensores ambientales que vean vulnerados sus derechos como consecuencia de su oposición a proyectos de inversión.
  • Promoveremos la especialización en estudios de biodiversidad y líneas prioritarias de investigación para producir propuestas de clasificación de las especies según su estado de conservación, las que recogerá el Ministerio del Medio Ambiente.
  • Fortaleceremos la capacidad nacional de fiscalización ambiental, articulando los servicios y destinando más recursos para la vigilancia ambiental y el monitoreo de la biodiversidad.
  • A la investigación de delitos medioambientales la dotaremos de mayores recursos humanos y materiales, como también de mayor colaboración internacional. Asimismo proveeremos recursos para la formación y capacitación de cuadros técnicos y profesionales, con el propósito de contar con unidades especializadas en fiscalización ambiental en todas las regiones.
  • Buscaremos aumentar significativamente la extensión de áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad, las áreas terrestres y marinas de región virgen, y la protección de los corredores biológicos, en el marco del nuevo Sistema de Planificación y Ordenamiento Territorial que propone este programa. En materia de fauna, proponemos la creación de un Sistema Nacional de Centros de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre, vinculado al Ministerio del Medio Ambiente.
  • Impulsaremos la creación de un Sistema Integrado de Observación del Océano que mejore nuestra comprensión y capacidad de predicción de los cambios ambientales y la adaptación al cambio climático. Crearemos la Red Nacional de Áreas Marinas Protegidas de Chile como parte integral de la estrategia de adaptación al cambio climático, y diseñaremos una gobernanza que integre a todos los sectores incumbentes para su creación e implementación.

4. Bienestar animal.

En términos de tenencia responsable, rediseñaremos el Programa Nacional de Tenencia Responsable de Animales de Compañía, con eje en el control reproductivo, la prevención del abandono y el apoyo a las regiones y organizaciones de protección animal. Para responder a la demanda de control reproductivo implementaremos un programa de capacitación en cirugía de esterilización, en el marco de las buenas prácticas veterinarias, y elaboraremos contenidos pedagógicos para formar a los escolares en el cuidado y convivencia responsable con animales de compañía, y en una cultura para la empatía.

  • Propondremos cambios a la Ley 20.380 sobre Protección a los Animales y actualizaremos los reglamentos relacionados con las políticas públicas en esta materia (Decretos 2/2015 y 1007/2018).
  • En la agenda de educación continua, propondremos Lex artis vigente para Médicos Veterinarios y la generación de contenidos pedagógicos para formar a los escolares en el Cuidado y Convivencia Responsable con Animales de Compañía, y Cultura para la Empatía.
  • Promoveremos el reemplazo de la tracción animal por vehículos eléctricos de carga y un programa piloto de cría de animales de granja bajo sistemas sustentables, libres de encierro y en condiciones de bienestar animal. Así también, la reconversión de zoológicos con enfoque en rescate y rehabilitación de fauna (menos exhibición, más rehabilitación).
  • Por último, serán parte de nuestra agenda legislativa la actualización y modificación de las leyes Ley N°20.380 sobre Protección a los Animales, la Ley N°20.962 que aplica la Convención CITES. Así también, legislaremos para la prohibición del testeo en animales para fines cosméticos, el fortalecimiento del Comité de Bioética Animal (competencias y reglamento), modificación a la ley de caza para prohibición de caza de fauna nativa, entre otras.

5. Reducción del Riesgo de Desastres:

Para reducir el riesgo de desastres, se debe contar con un sistema que entregue una mirada integral, alimentada desde los territorios y sus conocimientos, abordando el enfoque preventivo para mitigar riesgos y amenazas, considerando las vulnerabilidades específicas de cada población, y con un sistema que permita dar respuesta a la emergencia de manera oportuna, desde el catastro de necesidades al mecanismo de financiamiento de emergencia a comunidades afectadas para no extender la incertidumbre y sufrimiento ante los daños y pérdidas.

  • Promoveremos un despliegue territorial de la Política de Reducción de Riesgo de Desastre (PRRD), con enfoque preventivo, y con capacidades y financiamiento necesario para dar respuesta a la emergencia.
  • Daremos continuidad y apoyo político al nuevo Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres creado en la Ley 21.364 .
  • Fortaleceremos el Sistema Nacional de Monitoreo de Riesgo de Desastres con datos abiertos, integrando los datos existentes de distintas instituciones (como ONEMI, CONAF, entre otras)
  • Transitaremos hacia Política de Reducción de Riesgo de Desastres basada en vulnerabilidades de cada población y territorio (no solo en amenazas), en ella revisaremos la Ley 21.364 para asegurar paridad en comités del nuevo Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres y se se incluirá como miembros permanentes en el comité nacional al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y al Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
  • Fortaleceremos el rol incidente de las comunidades y saberes locales, de la ciencia y la sociedad civil. Crearemos las capacidades locales para activar los conocimientos comunitarios sobre riesgos y crear plataformas de participación.
  • Confeccionaremos un Mapa Participativo de Riesgo y Saberes Locales, al alero del nuevo Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, para identificar conocimientos comunitarios sobre riesgo y desastres. Estos mapeos servirán como instrumentos de gestión local y por tanto podrán evaluar ser elaborados tanto desde los municipios o desde el gobierno regional.
  • Crearemos Centros de Memoria Activa para monitoreos que incluyan conocimientos locales e indígenas en cada capital regional que funcionen como espacios de archivo, reforzamiento y promoción de conocimientos locales ante riesgos de desastres. Estos podrán ser albergados temporalmente en las bibliotecas municipales con apoyo del Archivo Nacional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.
  • En el contexto de la Estrategia de Adaptación a la Crisis Climática, abogará por la creación de un programa de protección social para la mitigación de riesgos y emergencias. Este programa deberá ser implementado por municipios y gobiernos regionales para dar respuesta a la emergencia de manera oportuna, que cubra desde el catastro de necesidades al mecanismo de financiamiento de emergencia a comunidades.

Transición energética

El sector energía debe aportar en la mitigación de la crisis climática sin olvidar que tiene un rol social fundamental para la vida digna. Una transición justa es más que la descarbonización de la matriz energética. Así, proponemos un modelo de soberanía energética con 3 prioridades programáticas: descarbonización, descentralización y pobreza, y vulnerabilidad energética.

1. Descarbonización

Proponemos 3 medidas de corto plazo para eliminar el carbón al terminar nuestro mandato. Primero, incorporar sistemas de almacenamiento en distintas etapas desde la generación al consumo, en fuentes de generación variable con baja capacidad de regulación, pasando por transmisión para evitar congestiones y vertimiento de energías renovables. También en distribución y demanda, en la medida que permitan flexibilizar operacionalmente el sistema. Segundo, una participación activa de la demanda en el sistema, por ejemplo mediante el mecanismo de carga interrumpida, principalmente de los grandes consumidores, incentivando que instalen almacenamiento u otros mecanismos de gestión. Finalmente, la reparación socioambiental de las zonas de sacrificio, haciéndonos cargo de proteger el empleo y fomentar la reconversión laboral de manera paritaria, así como de ajustar el mecanismo de equidad tarifaria para que no se pierdan los beneficios por generación local.

Las medidas de mediano y largo plazo consideran el reemplazo de combustibles fósiles mediante una profundización y recalibración de aspectos de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde.

El objetivo es agregar valor al recurso de manera descentralizada, para uso en industrias nacionales y posterior exportación. Queremos convertirnos en productores y exportadores de hidrógeno verde a precios competitivos. Para que esta industria sea sostenible, además de aprovechar las fuentes de generación renovable buscamos producir investigación, desarrollo y capacitación de trabajadoras y trabajadores. En esta línea, creemos necesario:

  • Un involucramiento temprano de la ciudadanía con relación a los proyectos de hidrógeno verde y una agenda de Transición Justa ante los desafíos regulatorios, ambientales y sociales para la construcción y operación de plantas de hidrógeno verde.
  • Trabajaremos con la ENAP, con privados y con la academia para que el avance de la industria esté alineado con nuestras directrices de desarrollo, las que establecen que el dinamismo económico debe impulsarse siempre protegiendo el medio ambiente y el bienestar de las personas. Aprovechar la experiencia acumulada, en ENAP, buenas experiencias del mundo privado y eventualmente CODELCO, será fundamental para acelerar el desarrollo tecnológico en la producción y las logísticas de almacenamiento y transporte.
  • Formación de profesionales a especializarse en las disciplinas identificadas a través del programa de becas Chile o similar en los temas específicos identificados, y que, a su retorno, el plan de trabajo contemple que sus labores sean desempeñadas en las empresas públicas o privadas ya definidas inicialmente y con los objetivos ya trazados. Además, establecer programas específicos con Universidades nacionales y centros de formación técnica que desarrollen los elementos y capacidades del ámbito local.

2. Generación residencial y calefacción distrital.

En la dimensión del compromiso con la descentralización, vamos a fomentar cooperativas y empresas energéticas regionales con foco en un desarrollo económico local y sustentable. Asimismo trabajaremos en el programa Mujer Futura para promover la participación y capacitación femenina en el sector. Trabajaremos con la ciudadanía y los gobiernos locales como agentes activos en esta transición energética. El objetivo es terminar el periodo de gobierno con 500 MW instalados de generación distribuida residencial, considerando sistemas unitarios y comunitarios.

De la misma forma, necesitamos un nuevo modelo de calefacción colectiva de largo plazo, por lo que se potenciará la calefacción distrital (calefacción que se distribuye a los inmuebles desde una fuente, en este caso renovable, mediante tuberías), sistema que permite ahorros, facilita la fiscalización, es eficiente y amigable con el medio ambiente.

Queremos terminar con la desigualdad energética caminando hacia un nuevo modelo energético sostenible, descarbonizado, solidario, con foco en los hogares. En este nuevo modelo, el acceso y la calidad de la energía son un derecho, tanto en las viviendas existentes como en las que se construirán. Un estándar térmico inadecuado afecta la salud y calidad de vida de las personas, por eso es fundamental cambiar la regulación de estándares y distribución. Asimismo, generaremos un programa de inversión pública, para mejorar el confort térmico de las viviendas y edificaciones públicas, con el fin de disminuir el costo de calefacción para los hogares. El objetivo es aislar térmicamente 400.000 viviendas en 100 comunas del país, para una reactivación económica verde y generación de empleos. También nos enfocaremos en la calidad del servicio, para que los hogares puedan confiar en que tendrán electricidad segura.

Para avanzar hacia un sector descentralizado se propone complementar las definiciones curriculares del sistema educativo para que incluyan contenidos sobre principios de la energía, autoabastecimiento energético y eficiencia energética.

Agua y escasez hídrica

La crisis climática hace que las sequías sean una realidad cada vez más frecuente y extendida. Sabemos también que los actuales niveles de escasez están fuertemente determinados por el modelo de gestión del agua impuesto en dictadura, basado en un supuesto mercado del agua y carente de las herramientas necesarias para que el Estado coordine, regule, fiscalice y planifique los distintos usos y usuarios de este recurso vital. La situación ha derivado en la vulneración, reconocida por la propia Corte Suprema, del derecho humano al agua y el saneamiento, así como en el deterioro creciente de la calidad de vida –especialmente en las zonas rurales–, en la imposibilidad de un desarrollo en armonía con la naturaleza para las comunidades y en la devastación de ecosistemas a lo largo de Chile.

Nuestro programa quiere establecer condiciones que materialicen el agua como bien nacional de uso público, bien común o bien colectivo, según lo establezca la Convención Constitucional.

Proponemos cambiar el modelo de gestión actual para avanzar hacia una gobernanza con carácter sistémico, integrado, descentralizado, con enfoque de cuencas y basado en la ciencia. Nuestra propuesta se estructura en torno a cuatro ejes, incluyendo transversalmente el enfoque de género.

1. Derecho humano al agua y el saneamiento.

Nos comprometemos a:

  • Implementar una Política Nacional de Seguridad Hídrica que garantice el derecho humano al agua y el saneamiento, con un enfoque de protección y restauración de los ecosistemas.
  • Invertir significativamente en programas específicos de rehabilitación, fortalecimiento y creación de servicios sanitarios rurales, con foco en el bienestar de la población, vía soluciones descentralizadas que promuevan el cooperativismo y la asociatividad.
  • Hacer efectivas las competencias de fiscalización y monitoreo que tienen los diversos órganos, con un enfoque estratégico y el uso de tecnologías para detectar extracciones ilegales, aplicando todo el rigor de la ley a los infractores.
  • Aplicar efectivamente todas las herramientas administrativas disponibles en un marco de escasez, para limitar o prohibir usos, o establecer derechos provisionales priorizando el consumo humano, en el marco de la Ley de Servicios Sanitarios Rurales vigente.
  • Crear una política con enfoque de género para el acompañamiento técnico y psicosocial de personas que habitan en zonas de extrema sequía y falta de agua.
  • Colaborar con los gobiernos regionales y las municipalidades para fomentar programas de saneamiento rural.

2. Transformaciones institucionales

Implementaremos un proceso de transformación institucional de forma gradual. Este desafío implica modificaciones legales e institucionales, cuyo éxito dependerá de una ejecución ordenada, legítima y ampliamente participativa, adecuándose a las dinámicas y condiciones sociales, culturales, económicas y ambientales preexistentes en cada territorio y reconociendo que la situación actual resulta insostenible en un escenario de crisis hídrica y climática galopante. Nos comprometemos a:

  • Crear un Sistema Nacional de Gestión de Aguas, que materialice la implementación de un nuevo modelo sistémico de gestión en sintonía con la naturaleza, según lo que establezca la Convención Constitucional. Tendrá dentro de sus principales objetivos la unificación de las competencias del Estado en materia de aguas; consolidar un sistema integrado de información estandarizada, validada, transparente y actualizada sobre los recursos hídricos del país, que permita tomar decisiones de gestión basadas en la evidencia en cada cuenca; y aumentar las capacidades del Estado para la fiscalización y sanción en materia de recursos hídricos. Además, planificará participativamente intervenciones de los distintos actores en la cuenca. Por último, velará por la transición hacia un sistema de licencias de uso de aguas con características que se condigan con la naturaleza jurídica de bien nacional de uso público, y que permita otorgarlas sujetas a revisión periódica, de manera que la autoridad pueda verificar el cumplimiento de las condiciones de otorgamiento para renovarlas o revocarlas.
  • Para lo anterior se contempla un organismo rector que unifique, dirija y coordine las competencias del Estado en materia de aguas en sus distintos niveles, bajo un enfoque de gobernanza democrática y participativa, para una gestión integrada a nivel nacional, regional y territorial por cuencas.
  • Los Organismos de Cuenca, como órgano a nivel de una o más cuencas, serán instancias representativas de deliberación, planificación y coordinación, en un marco de gestión integrada de recursos hídricos (GIRH), entre los usuarios de aguas, los organismos públicos y actores privados y comunitarios relacionados con la gestión de las aguas en sus respectivos territorios.
  • Impulsaremos la participación de mujeres en la gestión estatal y comunitaria del agua en todos los niveles.
  • Para asegurar la robustez, resiliencia y capacidad de adaptación, incorporaremos criterios de enfoque de cuenca y el nexo agua-energía-alimentos a las inversiones que se materialicen en el marco de la Estrategia de Adaptación a la Crisis Climática y de las obras de infraestructura pública verde como parte del Plan de Reactivación Económica.

3. Protección de los ecosistemas e I+D.

En línea con nuestro programa de crisis climática, fortaleceremos la política de protección de biodiversidad y ecosistemas, con énfasis en la protección y restauración del ciclo hidrológico: glaciares, bosques, humedales, vegas, bofedales, pomponales, etc.

  • Revisaremos los procedimientos que determinan la oferta y disponibilidad de derechos de agua, considerando las proyecciones de cambio climático y la incorporación de variables medioambientales.
  • Aseguraremos la calidad de las aguas, a través de la protección integral de calidad de las aguas y de la planificación y protección de suelos, en sintonía con nuestra estrategia de basura cero.
  • Articularemos la investigación académica, en colaboración con centros y laboratorios existentes, y fortaleceremos los institutos tecnológicos públicos que desarrollan investigación aplicada en agua, para estudiar soluciones basadas en la naturaleza, gestión de aguas subterráneas y fortalecer el sistema de monitoreo de aguas, generando aplicaciones, tecnología y educación.
  • Incorporaremos tipologías de ingreso al SEIA que contemplen efectivamente proyectos forestales y agrícolas.
  • A través de los instrumentos de fomento al riego, promoveremos la diversificación de cultivos, el rescate de variedades tradicionales, el establecimiento de cultivos de bajo requerimiento hídrico y la producción de alimentos locales pertenecientes a la canasta básica de alimentos de la población nacional, para fortalecer la soberanía alimentaria.
  • Incentivaremos el uso de técnicas ancestrales de pueblos originarios que han permitido garantizar la sostenibilidad agrícola, por ejemplo la “siembra y cosecha de agua”.
  • Generaremos fuentes de financiamiento para apoyar iniciativas de desarrollo e investigación de técnicas o tecnologías que permitan utilizar el agua considerando de forma efectiva la protección de los ecosistemas.
  • Promover una política de gestión de acuíferos que incorpore proyectos de recarga.

4. Infraestructura resiliente y adaptativa

Nos comprometemos a:

  • Invertir –con enfoque en la reactivación sostenible– en soluciones basadas en la naturaleza que permitan no sólo restaurar ecosistemas sino asegurar el suministro de agua potable urbana y rural y mitigar el riesgo de desastres.
  • Reorientar, con enfoque ecosistémico, los recursos de la Ley de Fomento al Riego en materia de riego tecnificado y obras de infraestructura gris hacia la pequeña y mediana agricultura, las comunidades agrícolas y los pueblos originarios y tribal afrodescendiente.
  • Implementar un plan de gestión de embalses para priorizar el acceso al agua para consumo humano, minimizando los efectos negativos en la agricultura. El plan tendrá un enfoque de nexo agua-energía- alimentos-ecosistemas que incentive la generación de acuerdos de operación equitativos.
  • Asegurar el suministro en calidad, cantidad y continuidad en todas las ciudades del país, utilizando todas las herramientas disponibles, incluyendo la priorización del consumo humano, el reúso de aguas servidas, la desalación, terminar con las descargas de aguas residuales con tratamiento primario al mar, la mejora de sistemas de tratamiento de agua potable, la recarga de acuíferos, soluciones basadas en la naturaleza, etc.